A los tribunales la Asociación de Alcaldes por arbitrios de construcción

 La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico reunió esta semana a sus miembros para discutir varios asuntos pendientes, entre ellos la controversia relacionada con el cobro de arbitrios de construcción en proyectos sufragados con fondos federales.

Durante el encuentro, los alcaldes acordaron comparecer como amicus curiae en una futura apelación relacionada con una demanda presentada por el Municipio de Aguada, mediante la cual se reclama el derecho del municipio a cobrar arbitrios por una obra de construcción realizada en su jurisdicción.

“Todos los proyectos de construcción pagan arbitrios en los municipios, que son fondos para pagar los servicios que se le ofrecen a ciudadanía. Desde salud y seguridad, hasta el manejo y disposición de desperdicios sólidos y reparación de carreteras. Si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se empeña en eliminar el cobro de arbitrios, habrá que cerrar municipios. Y los más necesitados son los que van a sufrir”, expuso el presidente de la entidad, y alcalde de Jayuya, Jorge ‘Georgie’ González Otero.

La controversia surge del caso AG2025CV00012, presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguada. El 7 de enero de 2025, Román Electric Contractors demandó al Municipio Autónomo de Aguada, al sostener que la exención contributiva establecida en la Sección 22(a) de la Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941 debía aplicar al contrato suscrito con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El acuerdo contemplaba trabajos para sustituir postes y luminarias pertenecientes a la AEE y ubicados dentro del territorio municipal. El Municipio, por su parte, reclamó el pago correspondiente al arbitrio de construcción.

El caso fue resuelto por el juez Miguel Deynes Vargas a favor de la empresa y en contra del Municipio de Aguada. Ante esa determinación, el alcalde Christian Cortés Feliciano trabaja en el proceso de apelación.

La Asociación de Alcaldes sostiene que el cobro de arbitrios constituye una fuente legítima de ingresos municipales bajo el marco legal vigente desde 1996, establecido inicialmente mediante la Ley de Municipios Autónomos y posteriormente incorporado al Código Municipal.

Los alcaldes argumentan que estos recursos son esenciales para mantener las finanzas municipales y garantizar la continuidad de servicios públicos a la ciudadanía.

La defensa de estos ingresos trasciende las diferencias partidistas. Tanto los alcaldes asociados, electos bajo el Partido Popular Democrático (PPD), como los alcaldes federados, afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP), han planteado la necesidad de proteger las arcas municipales como mecanismo para sostener los servicios que reciben los residentes de sus respectivos municipios.