Arquitectura judicial: una conversación pendientesobre el valor que le damos a la justicia

I. El edificio habla primero

Antes de que un juez o una jueza pronuncie una sola palabra, el edificio ya habló. La escalinata que hay que subir, el material de las paredes, la altura del cielo raso, la luz que entra o que se ausenta, todo eso le comunica a la persona que llega algo sobre el lugar que la justicia ocupa en la lista de prioridades de un país. La arquitectura judicial no es un detalle decorativo. Es una forma de comunicación institucional que el ciudadano lee, sin proponérselo, desde el momento en que cruza la puerta.
Vale la pena abrir esta conversación con transparencia, porque es una pregunta que casi nunca se hace en voz alta y que, sin embargo, toca directamente la confianza pública en el sistema de justicia. ¿Qué le estamos diciendo a la ciudadanía puertorriqueña a través de los espacios donde funcionan sus tribunales?

II. Del Centro Judicial a la sala municipal: un contraste que merece mirarse

Puerto Rico ofrece un contraste que conviene poner sobre la mesa sin dramatismo, pero con honestidad. El Centro Judicial de San Juan, con su volumen imponente y su presencia en la ciudad, proyecta la idea de una rama de gobierno consolidada y permanente. Quien entra allí entiende, sin que nadie se lo explique, que ese es un espacio que el país decidió tomar en serio.

Ese no es, sin embargo, el tribunal que conoce la mayoría de la ciudadanía en su experiencia cotidiana. Para muchas personas, el tribunal es una sala municipal instalada en un local adaptado, con ventilación limitada, señalización improvisada y un área de espera que no distingue entre la comodidad de quien litiga y la de quien simplemente necesita orientación. Esa diferencia entre el Centro Judicial y la sala municipal más humilde no es solo un asunto de presupuesto o de mantenimiento. Es, también, un
mensaje, y conviene preguntarnos abiertamente si es el mensaje que queremos enviar.

III. Lo que percibe quien llega por primera vez

Quien llega a un tribunal, casi siempre en un momento difícil de su vida, no llega pensando en doctrina jurídica. Llega con incertidumbre, y en ese estado percibe el espacio con una atención que quienes trabajamos allí todos los días solemos perder de vista. La altura de los techos, la limpieza de los pasillos, la existencia de un lugar digno donde esperar, son señales de si el sistema la va a tratar con seriedad.

Un edificio pensado con cuidado, con accesibilidad real para personas con discapacidad y salas de espera que evitan que una víctima tenga que compartir banco con la persona que la agredió, está haciendo política pública de justicia tanto como cualquier reglamento aprobado en una sala de conferencias. La forma del espacio también es sustancia.

IV. No se trata de grandiosidad, se trata de coherencia

Esta reflexión no es un reclamo de mármol para cada sala municipal, ni una confusión entre monumentalidad y justicia. La historia de la arquitectura judicial también enseña los riesgos del exceso, edificios pensados para intimidar más que para servir. Lo que vale la pena perseguir no es la grandiosidad, sino la coherencia entre lo que decimos que es la justicia y lo que construimos para ella.

Un despacho judicial modesto pero digno, bien mantenido, comunica algo perfectamente compatible con la función que el sistema le debe a la ciudadanía. Lo que erosiona la confianza pública no es la sencillez. Es el deterioro visible y sostenido en el tiempo: la gotera que nadie repara, el aire acondicionado averiado por meses, la falta de espacio adecuado para un menor de edad que debe testificar. Cuando ese deterioro se normaliza, termina comunicando que la justicia se resignó a ocupar el último lugar en la fila de las prioridades del país.

V. Una conversación que debe incluir a la ciudadanía

La asignación presupuestaria y el mantenimiento de infraestructura judicial no dependen únicamente de la judicatura, sino de decisiones que se toman en otros espacios de gobierno. Pero abrir esta conversación con transparencia, documentar las condiciones reales en las que se imparte justicia y explicarle a la ciudadanía por qué esas condiciones importan, sí es una responsabilidad institucional que vale la pena asumir públicamente.

La arquitectura judicial es, en el fondo, una fotografía de una decisión sostenida en el tiempo sobre cuánto vale la justicia frente a otras prioridades de gobierno. Compartir esa fotografía con la ciudadanía, y preguntarle qué está dispuesta a exigir para que la imagen empiece a cambiar, es también una forma de rendir cuentas.