Asociación de Fiscales acepta nuevo libro de instrucciones al jurado mientras se mantenga la discreción de jueces en circunstancias específicas

La uniformidad en las instrucciones que reciben los miembros de un jurado no debe impedir que los jueces y juezas impartan aclaraciones o instrucciones especiales cuando la prueba, las controversias jurídicas y las circunstancias del caso así lo requieran.

Esa es la posición que sostiene la Asociación de Fiscales de Puerto Rico al respaldar la actualización del Libro de Instrucciones al Jurado del Poder Judicial, aprobada mediante la Resolución 2026 TSPR 97.

“Cada caso criminal presenta circunstancias particulares que pueden requerir que el tribunal adapte una instrucción a la prueba presentada, las alegaciones formuladas y las controversias jurídicas planteadas”, expresó la organización en declaraciones solicitadas por Prensa Abierta. La organización es presidida por la fiscal auxiliar Rosa Lourdes Molina Pérez.

La Asociación de Fiscales reconoció la importancia de contar con un marco común que permita explicar de manera consistente los elementos de los delitos en las distintas salas del Tribunal de Primera Instancia, pero advirtió que la uniformidad no equivale a rigidez en la aplicación de las instrucciones.

“La existencia de instrucciones modelo actualizadas establece un punto de partida común para todos los participantes del proceso judicial”, sostuvo la entidad, al tiempo que aclaró que ese marco no debe limitar la facultad de los tribunales para impartir las aclaraciones o instrucciones especiales que sean necesarias.

La posición de los fiscales surge tras la actualización del Libro de Instrucciones al Jurado, que incorpora cambios a las disposiciones de la legislación penal, incluidas nuevas y revisadas instrucciones relacionadas con los delitos contemplados en la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 de 1989.

Entre las modalidades incorporadas o revisadas se encuentran la violencia digital o cibernética, la violencia económica, el rastreo mediante dispositivos tecnológicos, las amenazas relacionadas con el maltrato de animales y el maltrato agravado mediante estrangulación, sofocación o asfixia posicional.

La Asociación de Fiscales enfatizó que cualquier adaptación debe realizarse dentro del marco de la ley y de las garantías constitucionales aplicables.

“La uniformidad no equivale a rigidez”, reiteró la organización, al defender que los jueces y juezas conserven la discreción necesaria para responder a las particularidades de cada proceso criminal.