Cámara de Representantes aprueba medida para construir casas para personas con TEA

La Cámara de Representantes aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara Baja 385, que ordena al Departamento de la Vivienda a desarrollar el 'Proyecto Modelo de Vivienda' para personas con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) o con discapacidad física e intelectual en Manatí.

La medida, peticionada por el alcalde de Manatí, José A. Sánchez González, nació como respuesta a la alarmante cantidad de personas con la condición en el área norte de Puerto Rico, donde específicamente en la región de Arecibo la prevalencia de niños con TEA es de 29.8 %.

Así lo anunció este martes en un comunicado el representante del Distrito 13 (Municipios de Manatí, Florida, Barceloneta y Arecibo) y también presidente de la Comisión de la Región Norte en la Cámara de Representantes, Jerry Nieves Rosario.

Según se indicó en la nota, la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de EE.UU., correspondiente al año 2022, 784,567 personas en Puerto Rico o el 24.6 % de la población padece de algún reto funcional.

La encuesta detalló además que para ese mismo año, 1 de cada 8 niños en la isla, tenía TEA.

Y, hace un año, el Departamento de Salud publicó un estudio que reflejó que la zona de Arecibo "representa el por ciento mayor de incidencia de TEA en todo Puerto Rico".

Entre niños de ocho años de edad, la prevalencia de TEA, en Puerto Rico, es de 25.6 % por cada 1,000.

Mientras que, en la región de salud, de Arecibo, la prevalencia es de 29.8 %.

Al presente, según el proyecto debidamente radicado, "padres y madres puertorriqueños sufren la gran incertidumbre de desconocer quién se hará cargo del cuido de sus hijos con TEA o alguna discapacidad tras su partida terrenal.

Por esta razón de peso, resulta urgente el brindarle a la mencionada comunidad las herramientas necesarias para que alcance una vida independiente y productiva, dentro de las particularidades de cada caso".

La Resolución Conjunta de la Cámara 385 pasa ahora a ser evaluada por el Senado de Puerto Rico y, de ser aprobada, culmina en el escritorio de la gobernadora Jenniffer González, para la firma de la ley.