Contralora revela pagos por en vagones y seguridad que nunca se utilizaron

El Departamento de la Familia desembolsó $618,864 por el alquiler de tres vagones tipo oficina y servicios de seguridad en Guánica que nunca fueron utilizados para atender a la ciudadanía, mientras los empleados continuaron ofreciendo servicios desde la oficina local de Lajas, concluyó una investigación de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico.

La investigación OC-27-11 se originó a raíz de una querella sobre la contratación de los vagones para reubicar temporalmente la oficina de Guánica luego de los terremotos de enero de 2020. El informe establece que, aunque las estructuras fueron alquiladas para evitar interrupciones en los servicios a los residentes del municipio, nunca se encontró evidencia de que se utilizara esa facilidad entre el 22 de mayo de 2020 y el 30 de noviembre de 2023. La propia oficial administrativo principal interina de la Región de Mayagüez certificó que durante ese período el personal trabajó desde la oficina de Lajas, información corroborada mediante entrevistas a tres empleados.

Como parte de los hallazgos, la Contralora determinó que el Departamento otorgó cinco contratos por 426,174 dólares para el alquiler de los tres vagones, los cuales permanecieron vigentes hasta el 30 de junio de 2024. Además, identificó pagos por seguridad privada para custodiar unas instalaciones que permanecieron sin uso durante todo el período investigado.

La conclusión del informe precisa que la agencia desembolsó 308,616 dólares por la instalación y el alquiler de los vagones y otros 310,248 dólares por servicios de seguridad, aunque el personal asignado a Guánica nunca trabajó desde esas estructuras. En total, el Departamento invirtió 618,864 dólares en una oficina temporera que no produjo beneficio alguno para los ciudadanos.

La Contralora señaló que esa actuación contravino la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, que exige que las operaciones fiscales respondan a criterios de legalidad, necesidad, utilidad y austeridad. El informe añade que la decisión también afectó a los residentes de Guánica, quienes tuvieron que trasladarse hasta Lajas para solicitar y recibir los servicios del Departamento de la Familia.

Como parte de sus recomendaciones, la Oficina de la Contralora exhortó a la secretaria del Departamento de la Familia a considerar el referido emitido como resultado de la investigación y adoptar las medidas necesarias para asegurar el uso óptimo de los recursos económicos de la agencia.