Demandan a la Junta de Retiro para que policías retirados reciban el pago que corresponde

La Asociación de Policías Unidos Luchando (APUL) informó este domingo que acudió al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para reclamar que se cumpla la ley que garantiza a los policías retirados un ingreso de retiro de al menos el 50 % de su salario.

La organización presentó una demanda contra la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, el Fideicomiso para el Retiro de la Policía, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Esto al sostener que las disposiciones establecidas por la Junta mediante el Reglamento 9755 y la Carta Circular 2026-06 han tenido el efecto de excluir a policías retirados y reducir los beneficios que les corresponden.

Según APUL, la Asamblea Legislativa creó el Fideicomiso para el Retiro de la Policía con un propósito claro: garantizar un retiro justo y digno a quienes dedicaron décadas al servicio público y arriesgaron sus vidas para proteger a Puerto Rico.

Sin embargo, la organización sostiene que la aplicación de determinados requisitos y criterios de cálculo ha tenido el efecto de reducir o excluir beneficios para algunos policías retirados.

Entre los afectados, APUL identifica a policías que se retiraron en o antes del 30 de junio de 2013, quienes, según la organización, fueron excluidos completamente de la distribución; o retirados a quienes se les descontaron beneficios del Seguro Social que no reciben.

La organización también cuestiona que se hayan retenido fondos que, a su entender, la ley ordena distribuir y que se haya requerido a los policías retirados completar solicitudes y presentar documentos adicionales bajo la amenaza de perder el beneficio.

El efecto, según APUL, fue que numerosos policías retirados no recibieron pago alguno o recibieron una cantidad menor a la que les corresponde en la distribución efectuada el 30 de junio de 2026.

Las propias cifras divulgadas por la Junta de Retiro reflejan la magnitud del problema. De aproximadamente 2,752 policías que se estimaban elegibles, solamente 1,011 habían logrado radicar la solicitud durante los primeros días de funcionamiento de la plataforma.

"Los policías retirados no están pidiendo un favor. Están pidiendo que se cumpla la ley. La Legislatura fue clara y la aplicación de determinados criterios termina pagando menos y excluyendo a compañeros que dieron hasta treinta años de servicio", expresó Gabriel Hernández, presidente de APUL.

"APUL no se va a quedar de brazos cruzados. Vamos al tribunal a defender a cada policía retirado de Puerto Rico", agregó.

En la demanda, APUL solicita al Tribunal que declare nulas las disposiciones que considera ilegales del Reglamento 9755 y de la Carta Circular 2026-06.

Además, pide que se ordene recalcular y pagar correctamente la distribución correspondiente al 30 de junio de 2026 y que las futuras distribuciones se realicen conforme a la ley, con criterios claros y sin exclusiones, descuentos o requisitos que no estén autorizados por esta.