Diligencian 17 órdenes de arresto en un operativo contra narcotraficantes en Aguadilla

La Fiscalía federal informó este miércoles de que un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico dictó una acusación formal contra 17 miembros de una banda de narcotraficantes de Aguadilla, en el noroeste del archipiélago, por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas, y delitos relacionados con armas de fuego.

"Las organizaciones de tráfico de drogas como la que se imputa en la acusación de hoy causan un profundo daño a nuestras comunidades: alimentan la adicción, envenenan a nuestra juventud, siembran el miedo y ponen en peligro vidas inocentes", afirmó en un comunicado el fiscal federal en funciones Héctor Ramírez Carbó.

A su juicio, "las detenciones de hoy envían un mensaje claro a quienes ponen en peligro nuestros barrios mediante el tráfico de drogas y los delitos relacionados con armas de fuego: seréis identificados, vuestra organización será desmantelada y pagaréis el precio".

Esta investigación fue dirigida por la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) y la Unidad de Intervención de Aguadilla de la Policía de Puerto Rico (PRPB, en inglés), con la colaboración del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de Puerto Rico.

Así como por el Área de Alto Índice de Tráfico de Drogas (HIDTA, en inglés) de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, en inglés) de la Casa Blanca.

La acusación alega que, a partir de 2022, la organización de tráfico de drogas distribuyó heroína, base de cocaína (crack) y fentanilo en un radio de 1.000 pies del complejo de viviendas sociales 'Las Muñecas' (PHP) en Aguadilla y en zonas cercanas, todo ello con el fin de obtener importantes beneficios económicos.

El objetivo de la conspiración era distribuir sustancias controladas, tanto al por mayor como en pequeñas cantidades para la venta callejera, y traficar con armas de fuego ilegales en Aguadilla y sus alrededores.

Operaban puntos de venta de droga desde diferentes complejos de viviendas sociales y barrios de Aguadilla o sus alrededores.

Los acusados se comunicaban entre sí mediante radios bidireccionales y teléfonos móviles, a través de mensajería instantánea y plataformas de redes sociales.

Los líderes celebraban reuniones para resolver problemas, dar instrucciones y debatir asuntos de interés para la organización de tráfico de drogas.

Se alega que los miembros de la organización de tráfico de drogas participaron en actos de violencia, incluidos tiroteos y asesinatos, para impulsar sus operaciones de tráfico de drogas.

Los acusados desempeñaron diferentes funciones para promover los objetivos de la conspiración de tráfico de drogas, entre ellas las de líderes, propietarios de puntos de venta de drogas, encargados de la seguridad, transportistas, vendedores, vigías y facilitadores.

Seis acusados se enfrentan a un cargo de posesión de armas de fuego en el marco de un delito de tráfico de drogas y uno de ellos se enfrenta a un cargo de posesión de una ametralladora en el marco de un delito de tráfico de drogas.

Los acusados que figuran en el auto de acusación son Alexander Torres, alias 'Guesito/Huesito'; Jonathan Pérez Cintrón, alias 'Jona'; Fernando M. Pagán, alias 'Pri/P'; Wesley Ortiz, alias 'Wes/Negro'; Jesús Román, alias 'Chucky';Jeremy D. Medina, alias 'Oscuridad'; Edwin Y. Santiago, alias 'Yadi/Yadiel/Pacho'.

También Christian Rivera, alias 'Romántico'; José Rosario Bermúdez, alias 'Joker'; Yan P. Serrano, alias 'Domi/Pipi'; Efraín Colón, alias 'Cholón'; Lizbeth Dávila, alias 'Lizbeth/Chispa'; Bryan Tosado, alias 'Chancla/Pichi'; Kelvin Torres, alias 'Troko'; Jorge Christian Acevedo; Ángel L. Román, alias 'Iche' y Raynell Caravallo, alias 'Raynell'.

La fiscal adjunta de Estados Unidos (AUSA, por sus siglas en inglés) y jefa de la División de Recuperación de Activos y Blanqueo de Capitales, Myriam Y. Fernández, y el fiscal adjunto Andrés Orr están a cargo de la acusación en este caso.

Si son declarados culpables de los delitos relacionados con las drogas, los acusados se enfrentan a una pena mínima de 10 años y a una pena de hasta cadena perpetua.

Si son declarados culpables tanto de los delitos relacionados con las drogas como de los relacionados con las armas de fuego del cargo quinto, los acusados se enfrentan a una pena mínima de 15 años y a una pena máxima de cadena perpetua.

El acusado al que se le imputa la posesión de ametralladoras para facilitar el tráfico de drogas en el cargo sexto se enfrenta a una pena mínima obligatoria de treinta años de prisión, que deberá cumplir de forma consecutiva a cualquier pena impuesta por los delitos de tráfico de drogas.

Todos los acusados se enfrentan a una solicitud de decomiso de bienes relacionados con el tráfico de drogas por valor de 4.334.375 dólares.