El servicio de amas de llave se dará a pesar de torpezas del Departamento de la Familia y a pleito pendiente

La continuidad de los servicios de amas de llaves para adultos mayores y personas con discapacidades quedó garantizada anoche pero solo temporeramente, debido a que el contrato de hasta $50.9 millones que el Departamento de la Familia pretende formalizar con la Corporación de Servicios de Ama de Llaves (COSALL) enfrenta nuevos cuestionamientos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), incluyendo la tardanza de la agencia en presentar las propuestas a tiempo.

Una carta de la Junta, fechada el 3 de septiembre y dirigida a la administradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), Wilma I. Ortiz Rivera, establece que el contrato propuesto fue sometido para revisión y aprobación el 1 de septiembre, precisamente el día en que se esperaba que comenzaran los servicios.

Esto añade un nuevo elemento a la información publicada ayer por Prensa Abierta, cuando la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, informó que se había extendido el contrato con COSALL para mantener la asistencia mientras culminaba el proceso administrativo ante la JSF.

De acuerdo con la secretaria, los trámites para renovar el contrato comenzaron a principios de agosto y la documentación fue ingresada el 14 de agosto en la plataforma de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Tres días después, Familia notificó a la Junta sobre el trámite y le remitió copia de los documentos sometidos a OGP. Sin embargo, la comunicación de la Junta revela que el acuerdo de largo plazo todavía no cuenta con su aprobación.

El contrato propuesto surge de una Solicitud de Propuestas para la contratación de servicios profesionales de auxiliares en el hogar emitida el 30 de abril de 2026. El acuerdo tendría vigencia desde su ejecución hasta el 30 de junio de 2029 y contempla un máximo pagadero de $50,970,600.

La Junta también señala que el contrato fue sometido fuera del término establecido por su política de revisión. Esa política requiere que los nuevos contratos sean presentados, junto con la documentación requerida, al menos 15 días laborables antes de la fecha propuesta para su ejecución. Además, le requirió a ADFAN implementar “medidas correctivas para cumplir con la política”.

Pero el elemento más significativo de la carta es la existencia de un proceso judicial relacionado con la adjudicación del contrato. La Junta informó que el 2 de septiembre solicitó información a ADFAN sobre el estado de una impugnación contra la adjudicación del proceso de propuestas. Según la respuesta de la agencia, existe “un procedimiento judicial pendiente relacionado con el RFP”.

Ante ese escenario, la Junta dejó claro que no está en posición de validar el contrato de varios años.

“Con base en la información disponible, la Junta de Supervisión no puede determinar en este momento si el contrato propuesto promueve la competencia en el mercado”, establece la carta.

“La Junta de Supervisión reconoce la importancia y necesidad de garantizar la continuidad de los servicios que se ofrecen a las personas de edad avanzada y a los adultos con discapacidades”, indica la comunicación.

Es precisamente por esa razón que la Junta ordenó una solución temporera.

ADFAN deberá someter para revisión y aprobación una renovación de un mes del contrato 2026-000026 con COSALL para los mismos servicios. Esa renovación tendrá que ser aprobada por la Junta antes de ejecutarse e incluir el máximo que podrá pagarse bajo el acuerdo.

Por el momento, la continuidad de los servicios está siendo atendida mediante mecanismos temporeros, pero el contrato de hasta $50.9 millones y con vigencia hasta 2029 permanece bajo evaluación de la Junta, mientras continúa pendiente el proceso judicial relacionado con su adjudicación.