El Supremo ratifica que los hijos de los nietos nacionalizados sí podrán votar en España
El Tribunal Supremo español confirmó este miércoles que los hijos e hijas de quienes previamente obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida como ley de nietos, que son alrededor de 190.000 personas, sí podrán votar en las elecciones generales del próximo día 29 de noviembre.
La Sala de lo Contencioso del Supremo desestimó por mayoría el recurso de reposición del partido ultraderechista Vox contra la decisión del Supremo del pasado día 9 de no suspender el derecho a voto en las próximas elecciones a los hijos e hijas de quienes previamente obtuvieron la nacionalidad mediante la citada norma.
Por tanto, y a diferencia de sus padres, a quienes el Supremo suspendió cautelarmente el derecho a voto salvo que acreditasen ser descendientes de exiliados, sus hijos sí podrán votar.
La ley de nietos es una disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite optar a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio por razones políticas.
Para su aplicación, el Gobierno español aprobó una instrucción que "presumía" la condición de exiliado a todos los españoles que salieron de España entre 1936, cuando comenzó la guerra civil, y 1955, en plena dictadura del general Francisco Franco.
Iustitia Europa y Vox recurrieron la medida y el Tribunal Supremo dejó en suspenso cautelarmente las altas en el censo electoral de los afectados.
En consecuencia, no podrán votar en las próximas elecciones unas 113.326 personas que accedieron a la nacionalidad española por esta vía.
Iustitia Europa y Vox pretendían que tampoco lo pudieran hacer sus hijos, lo que afectaría a unas 190.000 personas, y pidieron al Tribunal Supremo que les aplicara las mismas medias que había aceptado para sus padres.
Sin embargo, el alto tribunal denegó el pasado día 9 de noviembre estas cautelares para los hijos.
Vox recurrió el fallo alegando "una perturbación grave del interés general" y la necesidad de contar con "un censo cierto y depurado", apoyándose en el voto particular del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero, partidario de suspender también el voto a los hijos para mantener una "línea de actuación internamente cohesionada".
Pero la Sala se reafirmó en su posición y considera "suficiente" su respuesta por la "inviabilidad en este momento" de llevar a cabo una nueva revisión del censo en apenas unos días, cuanto la de sus padres exigió a la administración dos meses de trabajo.
Insiste en que "en el estado tan avanzado del proceso electoral en curso no resulta posible iniciar un nuevo procedimiento de revisión del censo como el pretendido".
Eso sí, la Sala precisa que "es consciente de que si las medidas ahora pretendidas se hubiesen planteado al comienzo de esta pieza cautelar la respuesta podría haber sido distinta" pero "el obstáculo temporal" pesa en este momento para no acordar la suspensión.
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