Mary Carmen Zapata detalla el colapso del contrato de generación temporera

La exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ingeniera Mary Carmen Zapata Acosta, compareció ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes para rendir cuentas sobre la adjudicación, manejo e irregularidades en torno al controvertido contrato de generación temporera de emergencia con la empresa Power Expectations. En una extensa ponencia escrita, la exfuncionaria ofreció una cronología detallada de los hechos, asegurando que la AEE no tuvo control sobre el diseño del proceso competitivo ni sobre la evaluación inicial de las propuestas, responsabilidades que recayeron en la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y en la Oficina Independiente de Adquisiciones (Third Party Procurement Office o 3PPO).

Según el testimonio de Zapata Acosta, la injerencia directa de la Autoridad en la elaboración de las reglas del juego fue prácticamente nula. Al rememorar la fase inicial de la licitación en marzo de 2025, la ejecutiva denunció el escaso tiempo provisto por la entidad facilitadora: «A las 12:12 p.m. del 25 de marzo de 2025, la Autoridad recibió un correo electrónico de 3PPO informando que estarían publicando el RFP de la generación temporera de emergencia a las 3:00 p.m. de ese mismo día… Claramente, la Autoridad no pudo leer, revisar ni proveer comentarios a un documento que se publicaría en menos de una hora de haberse recibido».

A pesar de los tropiezos y tras un reabierto proceso competitivo que extendió los términos del acuerdo a diez años, el contrato de compra de energía (PPOA) con Power Expectations fue finalmente firmado en la noche del 10 de junio de 2026, luego de contar con las aprobaciones de la Junta de Gobierno de la AEE, el Negociado de Energía y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Sobre este momento, Zapata Acosta enfatizó que «no tenía conocimiento alguno de que existiera alguna controversia o señalamiento sobre la validez de las firmas de los representantes de las compañías que componen el consorcio».

Sin embargo, los problemas estructurales del contrato salieron a la luz apenas días después de la firma. La AEE se enteró de manera indirecta sobre la intención de alterar la composición del consorcio. En su ponencia, la exdirectora detalló que «La Autoridad viene en conocimiento, por primera vez, de que 3PPO está evaluando una solicitud de sustitución o Assignment de una de las compañías firmantes el 17 de junio de 2026, cuando el Director de Asuntos Jurídicos de la AEE es copiado en la respuesta de Power a un requerimiento de información de 3PPO… mostrando que ya Power había firmado un acuerdo de sustitución sin haber obtenido la autorización previa de la Autoridad», una movida que buscaba reemplazar a la compañía Enchanted Rock por Flotek.

La falta de fluidez en la comunicación y el intercambio de información entre la 3PPO y la AEE entorpeció la evaluación legal del trámite. Las gestiones de la Autoridad para conseguir el expediente completo tropezaron con justificaciones contractuales por parte de la 3PPO, cuyos representantes argumentaron que su contrato administrativo había expirado el 30 de junio de 2026 y que carecían de una orden de trabajo para compartir los documentos solicitados con la AEE.

Ante el evidente estancamiento y los retrasos reportados por el proponente, el Ejecutivo intervino directamente. Zapata Acosta relató que en una reunión celebrada el 28 de julio de 2026, el Secretario de la Gobernación «nos pidió que coordináramos una reunión al siguiente día con todos los representantes del consorcio para discutir dónde estaban los atrasos y resolverlos». Dicho encuentro presencial se llevó a cabo el 29 de julio en la sede central de la AEE con la participación de representantes de Power Expectations, Flotek, Reyes Contractor y la 3PPO. Tras dicha reunión, y confiando en un informe favorable de la 3PPO expedido el 30 de julio, Zapata Acosta firmó la carta de consentimiento para la sustitución de Enchanted Rock el 31 de julio de 2026, bajo el compromiso de Power de entregar la fianza de ejecución en un plazo de una semana.

No obstante, el acuerdo se desmoronó a principios de agosto de 2026. Power incumplió con la entrega de la fianza de ejecución en la fecha límite acordada del 7 de agosto. Ese mismo día, tras ser abordada por la prensa por una alegada disputa entre las empresas del consorcio, la AEE descubrió la gravedad del asunto. La exdirectora denunció en su testimonio la falta de transparencia con la que se manejó la controversia: «Para sorpresa tanto del licenciado Rivera como de esta servidora, confirmamos que la controversia existía y que la AAPP, como el 3PPO, tenían conocimiento de la misma desde mediados de junio. Hasta ese momento, ni al licenciado Rivera ni a esta servidora se nos había comunicado la existencia de esta controversia».

El desenlace del contrato fue fulminante. Luego de que la JSF notificara el retiro formal de su autorización al PPOA y ante la incapacidad del contratista para someter una fianza de ejecución válida según las exigencias contractuales, la AEE decidió rescindir el vínculo de manera definitiva. «Ante la instrucción de la JSF y del incumplimiento de Power con la entrega de la fianza de ejecución, tomamos la decisión de terminar el contrato por estas dos razones. Enviamos la carta de terminación del PPOA el 18 de agosto de 2026», sostuvo Zapata Acosta.

Finalmente, ante la gravedad de las irregularidades detectadas a lo largo del proceso, la exejecutiva confirmó que entre el 1 y el 2 de septiembre de 2026 se radicaron referidos formales para investigación ante el Departamento de Justicia, la Oficina de la Contralora, la Oficina del Inspector General, la Oficina de Ética Gubernamental, la Administración de Servicios Generales, el Federal Bureau of Investigation (FBI) y la Securities and Exchange Commission (SEC).