La gobernadora Jenniffer González Colón vetó de sin ofrecer razones, un paquete de 12 proyectos de ley aprobados por la Legislatura , entre los que figuran la extensión de la exención del IVU a materiales y equipos escolares, medidas de salud paliativa y la creación del Observatorio de Trata Humana, esto de manera simultánea a la firma de seis nuevas leyes enfocadas en infraestructura, reciclaje y seguridad municipal.

Entre las medidas rechazadas por la Gobernadora se encuentran el Proyecto de la Cámara 272, que buscaba extender a dos semanas la exención del IVU escolar e incluir laptops y tabletas, además de iniciativas de salud sobre cuidados paliativos (PC 253), la regulación de la profesión de Asociado Médico Certificado (PC 1032), la creación del Observatorio de Trata Humana (PS 298), el fortalecimiento de la Línea Dorada contra la explotación financiera de adultos mayores (PS 813) y la entrega de títulos de propiedad por un dólar en Ponce y Florida (RCC 300 y RCS 141).

Estos vetos en bloque representan un nuevo punto de fricción y tensión política entre el Ejecutivo y el cuerpo legislativo, al frenar propuestas de alto impacto socioeconómico que ya habían sido aprobadas por el Senado y la Cámara de Representantes. La información sobre estas determinaciones gubernamentales proviene directamente de un comunicado de prensa distribuido por La Fortaleza, en el cual no se ofreció explicaciones ni justificaciones detalladas sobre los motivos detrás de los vetos.

Firma seis leyes

Por otro lado, mediante la conversión en ley de seis proyectos y tres resoluciones conjuntas, la Gobernadora dio paso a medidas enfocadas en la modernización de la infraestructura y la seguridad. Entre las nuevas legislaciones destacan:

La Ley 170-2026 permite al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) extender temporalmente los marbetes de embarcaciones cuando una interrupción en las agencias federales impida renovar la documentación requerida. “La seguridad marítima y la continuidad de las actividades económicas que dependen de nuestras aguas no pueden verse afectadas por circunstancias fuera del control de nuestros ciudadanos. Con esta ley brindamos certeza jurídica, protegemos a los navegantes que cumplen con la ley y dotamos al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de las herramientas necesarias para responder con agilidad ante emergencias o interrupciones administrativas federales”, dijo González en un comunicado.

Asimismo, el paquete firmado incluye la Ley 169-2026, que expande el reciclaje electrónico a placas solares, baterías de litio para autos eléctricos y sus cargadores. Para reforzar la seguridad local, la Ley 171-2026 otorga estatus de funcionario del orden público al comisionado municipal, agiliza los ascensos de agentes de cuatro a dos años y les exige un compromiso de permanencia de tres años en su ayuntamiento.

En el ámbito legal y educativo, la Ley 172-2026 protege la confidencialidad de los borradores y comunicaciones entre abogados y peritos durante un litigio, mientras que la Ley 173-2026 obliga al Departamento de Educación y a la UPR a donar anualmente libros en buen estado a las instituciones penales. Finalmente, la Ley 174-2026 da prioridad por los próximos tres años a los convenios entre municipios y el operador eléctrico para reparar y modernizar el alumbrado público.

Resoluciones

En cuanto a las resoluciones conjuntas, la Gobernadora dio paso a la RC 51-2026, que otorga un plazo de 90 días laborables a un comité gubernamental para evaluar la transferencia de la antigua escuela William Rivera Ponce, en Bayamón, a la organización National Talent Academy. Dicha entidad opera el Proyecto Centro de Apoyo Sustentable al Estudiante (CASA), enfocado en la atención de jóvenes de entre 14 y 21 años en riesgo de deserción o fuera del sistema escolar público. El paquete se completa con las resoluciones 52-2026 y 53-2026, las cuales designan tramos de la carretera PR-153 y la PR-678 (en Vega Alta) en honor al exsenador José Enrique «Quique» Meléndez y a Juan Ramón Melecio Machuca, expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones, respectivamente.