Identifican deficiencias en procesos de contratación de servicios tecnológicos en Salud

La Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico informó este lunes que identificó deficiencias en los procesos de contratación de servicios tecnológicos e informáticos del Departamento de Salud (DS), entre ellas, la ausencia de un proceso competitivo para seleccionar al proveedor de Salud Digital.

La intervención, según explicó la OIG en un comunicado, proyectó que el proveedor de Salud Digital, que pactó un contrato de $1.00 anual por parte del Gobierno, podría generar hasta $9 millones a pesar de que no se llevó a cabo un proceso competitivo.

Y es que, de acuerdo con la OIG, el proveedor puede cobrar directamente a la ciudadanía cargos por procesamiento y generar ganancias millonarias durante la vigencia del contrato.

"La transformación digital del Gobierno debe estar acompañada de controles que garanticen transparencia, competencia y protección del interés público", expresó la inspectora general, Ivelisse Torres Rivera, en el comunicado.

"Cuando un servicio tecnológico se sostiene mediante cargos pagados directamente por los ciudadanos, resulta indispensable evaluar el verdadero valor económico de la contratación y asegurar procesos transparentes", añadió.

La OIG identificó también fallas en el acceso del contratista a documentos, procesos y personal gubernamental antes de la formalización del contrato, y formalización de contratos en contraposición a las normativas aplicables.

El informe señala que el valor económico de la contratación no debe evaluarse únicamente a partir del desembolso nominal del Gobierno, sino considerando también los ingresos derivados de los cargos por procesamiento cobrados directamente a los ciudadanos.

En octubre de 2025, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) recomendó al DS realizar un proceso competitivo en un plazo de 90 días para promover la competencia, evitar la apariencia de irregularidades y aumentar la confianza pública en la contratación gubernamental.

Posteriormente, el propio DS certificó a la OIG que de sus expedientes no surgía un proceso competitivo para esta contratación, y argumentó que tampoco era necesario por tratarse de un pago nominal anual de $1.00.

No obstante, la JSF estimó el valor real del contrato en aproximadamente $7.5 millones.

Pero, la OIG, utilizando datos históricos de transacciones de la plataforma predecesora, proyectó que el proveedor podría generar aproximadamente $9 millones en cargos por procesamiento durante la vigencia del contrato.

El examen también señaló que la estructura de cargos puede representar una carga proporcionalmente mayor en transacciones de menor cuantía.

Por ello, la OIG recomendó al DS realizar un análisis de proporcionalidad tarifaria.

Además, la agencia fiscalizadora identificó que del expediente examinado no surgía evidencia de un proceso abierto y competitivo, de la publicación de la necesidad de los servicios ni de la evaluación de propuestas conforme a los parámetros aplicables, aun cuando el contrato contenía una certificación de cumplimiento.

Como parte de sus recomendaciones, la OIG dispuso que se establezca un mecanismo para verificar, antes de su incorporación al contrato, toda certificación de cumplimiento, de manera que refleje adecuadamente la realidad del proceso de contratación.