Identifican irregularidades en CESCO de Caguas

Una intervención de la Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico identificó irregularidades en la estructura de controles internos del Centro de Servicios al Conductor (CESCO) de Caguas, así como la falta de reglamentos para adjudicar el estatus de multas, hallazgos que revelan que persisten deficiencias y faltas administrativas en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que pudieran resultar en esquemas fraudulentos para la modificación de multas e información en sus sistemas. 

Durante el proceso de evaluación de la muestra de las transacciones seleccionadas, se identificó que en el centro CESCO de Caguas se emitieron cerca de un centenar de certificaciones negativas en las que no se localizaron documentos, registros ni evidencia relacionados con las transacciones realizadas. La OIG refirió los hallazgos también a las autoridades con jurisdicción. 

La investigación descubrió que, empleados en roles no autorizados para efectuar modificaciones en el sistema, tales como administradores, oficiales de oficina, oficinistas, educadores a conductores, así como funcionarios y auxiliares administrativos del CESCO de Caguas, disponen de accesos con permisos extensivos en el sistema de información de conductores y vehículos. Estos permisos les permiten realizar transacciones críticas, incluyendo la modificación o eliminación de multas, la gestión de planes de pago, entre otras acciones. 

Asimismo, la OIG validó que el sistema DAVID+ permite que estos operadores modifiquen el estatus de las multas sin aprobación de sus supervisores o de la dirección del CESCO, lo que provoca mayores errores y la comisión de irregularidades que, por falta de controles, no se detectan oportunamente. 

Los resultados corresponden al informe de investigación OIG-QI-27-002 que abarcó del 1 de marzo de 2024 al 31 de diciembre de 2025 en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). La investigación se inició tras recibir información en la OIG sobre posibles irregularidades en la modificación del estatus de multas administrativas por empleados del CESCO de Caguas. 

“La falta de normas y controles adecuados en el uso del sistema DAVID+ representa un riesgo para la integridad de la información y dificulta la fiscalización efectiva de los procesos administrativos relacionados con la gestión de multas”, lee el informe autorizado por la Inspectora General, Ivelisse Torres Rivera. 

Adicionalmente, la OIG observó que el diseño de la base de datos carece de reportes o alertas automáticas para detectar irregularidades en tiempo real, y tampoco incluye una función para almacenar evidencia digital, lo que dificulta la verificación de transacciones y aumenta el riesgo de pérdida o manipulación de documentos al ser conservados físicamente en sobres y cajas sin clasificación uniforme.

En inspección ocular, la OIG también identificó que no existen mecanismos de seguridad para acceder a los archivos y que sobres y cajas con documentos han sido almacenados en áreas no autorizadas, incluyendo pasillos y espacios comunes de diversas áreas de servicio del CESCO, lo que afecta la confidencialidad y el resguardo de la información perteneciente a ciudadanos y entidades que utilizan los servicios de la dependencia.

La dirección del CESCO también manifestó desconocer la fecha de cualquier inventario de documentos, así como la fecha de cualquier transferencia de documentos al Archivo General en Carolina, o si alguna se hubiese efectuado antes o después de la intervención, lo que refuerza las debilidades en el control, manejo y seguridad física de la documentación. Durante la investigación, la OIG también identificó que la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) carece de reglamentación, normativas o directrices formales que definan, interpreten y regulen de manera clara y uniforme los distintos estatus de las multas dentro del sistema DAVID+. 

Además, a través de entrevistas a empleados, la agencia fiscalizadora confirmó que existen prácticas internas no uniformes y diferencias en la documentación requerida para respaldar los estatus de multas “Pagadas”, “Canceladas”, “Invalidadas”, “Expiradas”, “No pagada”, entre otras, dentro del sistema DAVID+.

Según el informe, dicha carencia impacta la correcta aplicación de la Ley 22-2000, ya que, ante la ausencia de directrices claras y uniformes, no es posible determinar con certeza cuál es la actuación adecuada conforme a la política pública vigente, lo que afecta tanto la gestión administrativa como los procesos investigativos.

Los hallazgos identificados en la investigación revelaron posibles infracciones legales y reglamentarias, incluyendo posibles incumplimientos con la Ley de Contabilidad de Puerto Rico, la Ley de Vehículos y Tránsito, el Reglamento 8490 del DTOP y el Reglamento 4284 de la Administración de Servicio Generales (ASG).

La agencia fiscalizadora también informó que los hallazgos de la intervención en el CESCO de Caguas pudieran constituir infracciones al Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, por lo que refirió los asuntos a las entidades con jurisdicción para su correspondiente evaluación y determinación. Subrayó además que, con el propósito de salvaguardar la integridad de cualquier proceso investigativo, se mantendrán de manera confidencial los detalles, fundamentos y demás información relacionada con los referidos realizados.La OIG exhorta a la ciudadanía a denunciar irregularidades relacionadas con el uso de fondos y propiedad pública a través de la línea confidencial (787) 679-7979, el correo electrónico informa@oig.pr.gov y la página web oig.pr.gov/informa.