Industriales piden en el Senado evaluar la eliminación de “la crudita” como parte de una reforma contributiva

La Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) compareció ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Promesa del Senado de Puerto Rico para respaldar la investigación sobre el arbitrio al petróleo crudo y sus derivados —conocido como “la crudita”— y urgió a que su posible eliminación o reducción se atienda dentro de una reforma contributiva integral que fomente la competitividad económica de la Isla.

Durante la vista pública conducida bajo la R. del S. 461, la vicepresidenta ejecutiva de la entidad, Lcda. Karen Mojica Franceschi, señaló que las imposiciones del arbitrio al combustible han desviado su propósito original y actualmente funcionan únicamente como un mecanismo de recaudación para el Fondo General.

“Podemos saltar a reconocer que ni el arbitrio reductor original cumple su función ni el arbitrio adicional de la Sección 3020.07A está repagando las deudas de AFI. Hoy día se trata de una carga de algo entre $371 millones y aproximadamente $679 millones de recaudos del contribuyente puertorriqueño que van al Fondo General para ser gastados por el Gobierno de Puerto Rico en gestiones rutinarias”, sostuvo Mojica Franceschi en la ponencia escrita presentada ante el cuerpo legislativo.

La portavoz del sector industrial advirtió que el análisis de este gravamen no debe realizarse de forma aislada, sino como parte de una reestructuración profunda de todo el sistema tributario estatal y municipal.

“Mirado en forma aislada, no habrá una solución simple para sustituir los recaudos que se generan de este arbitrio, de manera tal que sea fiscalmente viable que se reduzca o elimine dicho arbitrio. Pero ello no nos debe llevar a la inacción, sino que nos obliga a lograr los cambios estructurales en el sistema tributario para hacernos más eficientes y competitivos”, afirmó la ejecutiva.

Como parte de su comparecencia, la organización empresarial entregó a la Comisión un documento de trabajo (White Paper) en el que detallan los aspectos y principios fundamentales que, a su juicio, deben regir la política fiscal de Puerto Rico. Entre las prioridades señaladas por la AIPR se encuentran la reducción de la tasa contributiva corporativa máxima —la cual ubican en un 37.5%—, la eliminación del impuesto al inventario y la revisión del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en las transacciones entre comerciantes (B2B).

“Es la posición institucional de nuestra organización que Puerto Rico necesita y merece una reforma coherente y unificada de su estructura contributiva, lo que incluye arbitrios como la ‘crudita’ y los demás impuestos estatales y municipales existentes”, enfatizó la representación de los Industriales.

Finalmente, la entidad empresarial reiteró su disposición para continuar colaborando en las evaluaciones legislativas, subrayando que cualquier alternativa fiscal debe cumplir con los parámetros del Plan Fiscal certificado bajo la Ley PROMESA.

“Ciertamente, la solución que se identifique tiene que ser fiscalmente sostenible, dentro del Plan Fiscal vigente, bajo la Ley PROMESA y debe representar un alivio sustancial al cliente industrial, comercial y de otros sectores que sostienen los recaudos y la producción de Puerto Rico”, concluyó la AIPR.