Junts pide al Gobierno retirar los decretos de vivienda y votará en contra si no lo hace

Junts per Catalunya pedirá al Gobierno retirar los dos decretos de vivienda antes de su votación este viernes por la mañana en el Congreso y, si el ejecutivo central no lo hace, votará en contra de los dos, abocándolos al fracaso.

Esta es la decisión que ha tomado "por unanimidad" la ejecutiva de Junts, reunida este jueves de forma telemática desde las 21.00 horas para fijar su posición, según ha informado el partido en un comunicado en el que piden al Gobierno redactar y aprobar un nuevo decreto de vivienda que cumpla con sus condiciones.

Aunque el comunicado no precisa el sentido del voto del grupo que lidera Miriam Nogueras, fuentes de la dirección de Junts sí concretan que, si el ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene los dos decretos, sus diputados votarán en contra.

"Una norma que pretendía proteger el acceso a la vivienda acabará haciendo más difícil encontrar un piso, más difícil pagarlo y más difícil acceder a ello para las familias de clase media y trabajadora", señalan, sobre las dos normas aprobadas a raíz del desahucio de la anciana Maricarmen en Madrid.

Por todo ello, en la reunión extraordinaria de esta noche la ejecutiva de Junts ha encargado al grupo parlamentario en el Congreso que reclame la retirada del decreto ley 26/2026 e inste al Gobierno a elaborar "inmediatamente" un nuevo texto.

Una vez esté listo, Junts pide convocar un Consejo de Ministros para aprobarlo mediante un nuevo real decreto ley: "En estas condiciones, Junts per Catalunya dará su voto favorable", concluye el comunicado.

Junts tenía la llave del primer decreto

El primer decreto incluye medidas de protección ante los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, limitaciones a la compra especulativa de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, la imposición de un 10 % de IVA a los pisos turísticos, deducciones fiscales a los inquilinos y bonificaciones a los pequeños propietarios.

Tanto el PNV como Coalición Canaria estaban dispuestos a apoyarlo, con lo que la llave de la votación estaba en manos de Junts, que había puesto encima de la mesa desgravaciones fiscales como las contenidas en esta norma durante la negociación.

El segundo decreto consta de un único artículo que establece la renovación automática de los contratos de alquiler y, en este caso, tanto el PNV como Coalición Canaria ya habían avanzado su voto negativo al mismo.

"Provocarán el efecto contrario"

En este escenario, Junts considera que "muchas de las medidas" contenidas en los decretos "provocarán el efecto contrario del que pretendían", reduciendo la oferta de alquiler, incrementando los precios y "dificultando aún más el acceso a la vivienda a las personas con menos capacidad económica".

A su entender, tampoco servirán para parar "a los fondos buitre". "Con el redactado actual, estas entidades podrán continuar adquiriendo viviendas y promoviendo desahucios de inquilinos vulnerables", añaden.

Para los de Carles Puigdemont, las propuestas del Gobierno tampoco "resuelven adecuadamente la protección de los inquilinos vulnerables, porque no se garantiza el pago por parte de la administración".

Una de las líneas rojas de Junts durante la negociación había sido la protección de los pequeños propietarios. El partido considera que tiene que ser la administración, y no estos, quien asuma el coste de no echar a un inquilino vulnerable de la vivienda en caso de impago.

Para Junts, determinadas medidas "suponen la expropiación por decreto del ahorro de tres generaciones de familias" y no facilitarán que sean las clases medias y trabajadoras las que puedan comprar las viviendas que pasen del mercado del alquiler a la venta.