La Junta defiende revocación de contrato de 5,900 millones para generación temporal

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), un controvertido ente impuesto hace una década por Estados Unidos para reestructurar la deuda de Puerto Rico y controlar sus finanzas públicas, defendió este martes su decisión de revocar la aprobación del contrato de 5,900 millones de dólares y 10 años de duración entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Power Expectations LLC, Enchanted Rock LLC y Reyes Contractor LLC para instalar sistemas de generación temporal.

"La reciente revocación por parte de la Junta de Supervisión de su aprobación del contrato de 5,900 millones de dólares y 10 años de duración entre la PREPA, Power Expectations LLC, Enchanted Rock LLC y Reyes Contractor LLC para la instalación de sistemas temporales de generación de energía era inevitable y redundaba en beneficio del pueblo de Puerto Rico", esgrimió la JSF en un comunicado.

Para la JSF, "es revelador que el presunto fraude y la falsificación se produjeran tras la revisión de la Junta de Supervisión", y explicó que remitieron el asunto "a las fuerzas del orden federales".

A su juicio, "un grupo agresivo de fondos de cobertura de Nueva York está intentando utilizar esta contratación pública para conseguir lo que realmente quieren: 12,000 millones de dólares de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA), lo que perjudicaría la reconstrucción y el mantenimiento del sistema energético de Puerto Rico".

"Estos fondos de cobertura siguen obstaculizando la salida de la PREPA del proceso similar a una quiebra previsto en el Título III de la ley PROMESA, así como la necesidad del pueblo de Puerto Rico de contar con una empresa de servicios públicos que funcione y sea financieramente sólida", añadió el documento.

Por su parte, el grupo de acreedores de la AEE reclamó esta mañana que el organismo se debe reconfigurar o se suprimir porque es un obstáculo en la reestructuración de la compañía eléctrica por respaldar el contrato de generación temporal concedido a Power Expectations.

La ley Promesa fue aprobada en 2016 en el Congreso en Estados Unidos para ayudar a gestionar la crisis de Puerto Rico derivada de su multimillonaria deuda pública y para establecer, asimismo, la JSF para el archipiélago.

En este sentido, la JSF fue creada para reestructurar la deuda de Puerto Rico, que ascendía a 70,000 millones de dólares, y supervisar sus finanzas públicas.