La SIP condena las amenazas de atentado contra medios en Colombia

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este lunes las amenazas de atentado contra medios de comunicación en Colombia, que durante el fin de semana obligaron a evacuar la sede de Caracol Televisión en Bogotá, y exigió a las autoridades garantías para la seguridad de los periodistas.

"Ninguna organización criminal ni grupo violento puede arrogarse el poder de decidir qué se publica, qué se investiga o qué voces pueden expresarse. El Estado colombiano tiene la obligación indelegable de impedir que el miedo se convierta en una forma de censura", afirmó -en un comunicado- el presidente de la SIP, Carlos Jornet.

Las alertas, que la organización calificó de "grave señal de alarma", llevaron a otros medios, como la cadena Caracol Radio, a reforzar sus protocolos de seguridad y alcanzaron también al canal RCN, según informes de prensa citados por la sociedad interamericana.

La SIP, con sede en Miami, valoró el rechazo de las autoridades colombianas y las medidas preventivas anunciadas, pero reclamó investigaciones exhaustivas para determinar el origen de las amenazas, identificar a los responsables e impedir que queden impunes.

"Cuando un periodista debe preguntarse si informar pondrá en peligro su vida o la de sus colegas, la libertad de prensa ya está siendo vulnerada", advirtió la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos.

La Sociedad respaldó el pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Medios de Información, que recordó que entre agosto de 2022 y julio de 2026 se registraron en el país más de 2.000 ataques contra periodistas, incluidos diez asesinatos, cuatro de ellos este año.

El organismo coincidió con la asociación colombiana en que las amenazas, la violencia y los discursos que desacreditan a los periodistas pueden alimentar un clima de hostilidad que favorece la censura y la autocensura.

La SIP pidió que la protección de la prensa sea una política permanente del Estado, basada en la prevención, la investigación y la sanción de los ataques, y no solo una respuesta a emergencias.