OIG identifica 21 fallas sistémicas, administrativas y tecnológicas en la Corporación de Seguros Agrícolas

La Oficina del Inspector General informó el martes que un examen sobre el cumplimiento de la ley que creó la Corporación de Seguros Agrícolas identificó 21 hallazgos en las áreas financiera, administrativa y tecnológica durante el periodo del 1 de julio de 2022 al 1 de mayo de 2026.

El informe OIG-E-27-001 documentó expedientes incompletos de agricultores y empleados, contratos sin documentos o cláusulas requeridas, facturas sin evidencia suficiente, archivos no localizados, incumplimiento del requisito de reuniones de la Junta de Directores y riesgos para la continuidad de los sistemas informáticos.

“Los hallazgos de este examen revelan problemas sistémicos dentro del área financiera, administrativa y de tecnología de información de la CSA”, concluyó la Oficina del Inspector General en el documento.

La Corporación de Seguros Agrícolas está adscrita al Departamento de Agricultura y ofrece cubiertas para proteger las inversiones de los agricultores ante huracanes, sequías anormales, incendios, enfermedades y otros riesgos. Su presupuesto se nutre de la venta de primas de seguros y no de aportaciones del Fondo General.

En una muestra de 201 expedientes, seleccionada de un universo de 15,278 agricultores, la Oficina del Inspector General encontró que 74 carecían del formulario de condiciones generales, 40 tenían documentos de inspección sin el sello del agrónomo y 17 no contenían la firma de un representante de la corporación. Un expediente no pudo localizarse y otro tenía una alteración en la fecha del periodo de cubierta.

El examen de 106 contratos reveló la ausencia de cláusulas, certificaciones y autorizaciones requeridas. La corporación tampoco mantenía actualizado su registro interno de contratos, que solo contenía información hasta el año fiscal 2020.

La Oficina del Inspector General señaló además que 10 contratos por 157,607.04 dólares y tres enmiendas por 142,900 dólares fueron remitidos a la Oficina del Contralor de Puerto Rico entre 16 y 33 días después del término legal. El señalamiento corresponde al incumplimiento del plazo de registro; el informe no clasificó esas cuantías como pérdidas de fondos ni como desembolsos ilegales.

La certificación anual juramentada correspondiente al año fiscal 2023-2024 tampoco había sido remitida al 2 de noviembre de 2025, pese a que habían transcurrido 398 días desde la fecha límite. La certificación del año fiscal siguiente fue presentada con 33 días de atraso.

Durante los tres años fiscales examinados, la corporación formalizó 135 contratos por un total de 3,625,303.71 dólares. La Oficina del Inspector General solicitó una factura por cada uno de los 106 contratos incluidos en su muestra, pero la Oficina de Finanzas entregó 84 y certificó que no pudo localizar los expedientes de facturación correspondientes a 23 de ellas.

El análisis se limitó a 61 facturas por 145,572.96 dólares. Las 40 facturas de servicios de inspección agrícola tenían firmas que no permitían identificar a las personas que las suscribieron. De las 21 facturas de servicios profesionales, 12 no tenían firma de aprobación y una carecía del comprobante de pago. En otras tres no se retuvo la aportación especial de 1.5 por ciento ni apareció la declaración jurada que justificara una exención.

La inspección del área destinada a los expedientes de seguros agrícolas encontró documentos en cajas sobre el piso, papeles sueltos, falta de controles de acceso y ausencia de equipos para regular la humedad y la temperatura. El informe incluyó fotografías de humedad y hongo en las áreas de archivo y señaló que el sistema de alarma aparentaba estar fuera de servicio.

En el área de Recursos Humanos, los 28 expedientes de personal examinados carecían de evaluaciones de desempeño y presentaban ausencias de fotografías, certificados de salud, transcripciones académicas y otros documentos. La corporación, que tenía 26 empleados al momento del examen, tampoco contaba con un registro de horas de adiestramiento.

La Junta de Directores no se reunía desde el 23 de octubre de 2024, aunque su reglamento exige al menos una reunión cada seis meses. La Oficina del Inspector General tampoco encontró en el expediente la minuta correspondiente a ese último encuentro.

Los hallazgos tecnológicos incluyeron aplicaciones sin apoyo técnico, ausencia de análisis de riesgos, falta de un registro de incidentes de seguridad y carencia de contratos de mantenimiento para servidores y otros equipos. Microsoft Dynamics GP 10.0 no recibía apoyo técnico desde octubre de 2017 y los programas Veeam 9.5 dejaron de recibirlo en febrero de 2022.

La corporación tampoco tenía planes de contingencia, continuidad de operaciones o recuperación en un centro alterno. Las copias de resguardo permanecían únicamente en sus instalaciones y no se habían realizado pruebas para comprobar que la información pudiera restaurarse. Una inspección física identificó además cinco computadoras y cinco monitores sin número de propiedad y ausentes de los inventarios oficiales.

El borrador del informe fue remitido a la Corporación de Seguros Agrícolas el 15 de abril de 2026. El documento final no contiene una contestación sobre el mérito de cada señalamiento. Según la Oficina del Inspector General, el director ejecutivo indicó el 1 de mayo que las explicaciones y fundamentos serían incluidos posteriormente en los planes de acción correctiva.

La Oficina del Inspector General emitió 21 recomendaciones y remitió el informe a la autoridad nominadora para que adopte medidas correctivas. El incumplimiento de esas medidas podría provocar multas y procedimientos administrativos.

El informe fue aprobado el 17 de agosto por la inspectora general Ivelisse Torres Rivera y el director del Área de Preintervención y Exámenes, Pablo González Flores.