Organizaciones alertan de impunidad en el 96 % de casos de personas defensoras en México

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, sobre la impunidad en el 96 % de los casos de asesinatos y desapariciones de personas defensoras de derechos humanos en México, según informó Amnistía Internacional (AI).

Las organizaciones informaron del asesinato de 103 personas defensoras de derechos humanos y la desaparición de otras 10 entre enero de 2022 y septiembre de 2026. "De estos casos, el 96,5 % permanece en completa impunidad. Hasta ahora, sólo cuatro casos cuentan con sentencia condenatoria", subrayó el documento de AI.

Asimismo, solicitaron al Estado mexicano "reconocer la magnitud del problema y adoptar una estrategia de investigación y persecución penal que permita esclarecer los hechos", así como "identificar a los responsables materiales e intelectuales y garantizar la participación y protección de las víctimas".

Además, pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) de México "establecer un plan efectivo, público y verificable de implementación del Protocolo Homologado", que debe "alcanzar a las fiscalías locales y traducirse en resultados concretos de acceso a la justicia".

"El plan deberá contar con responsables, recursos y plazos definidos, acciones de capacitación y divulgación, un registro de denuncias y mesas periódicas de seguimiento con la sociedad civil", explicó en su texto Amnistía Internacional.

También, demandaron "espacios de participación para el diseño y seguimiento de la estrategia de persecución penal", en los que solicitaron el acompañamiento técnico de la CIDH.

"México continúa siendo uno de los países más peligrosos para defender derechos humanos. La violencia y el hostigamiento que padecen las personas defensoras tienen un carácter estructural", advirtió la comisionada y relatora para México, Andrea Pochak, quien señaló al poder "político y económico" del país como parte del problema.

De acuerdo con AI, durante la audiencia pública, el Estado mexicano asumió seis compromisos, entre ellos un "plan nacional de implementación del protocolo homologado para la protección de las personas defensoras", así como su difusión de manera accesible.

De la misma manera, se comprometió a contar con un "registro homologado" de este tipo de delitos, la implementación de una mesa de trabajo para atender los 113 casos de homicidios y desapariciones, así como la valoración de crear una "fiscalía especializada para agresiones a personas defensoras".

El reclamo ocurrió durante una audiencia pública convocada por la CIDH, en el marco del 179º periodo de audiencias, en la que participaron autoridades federales, Artículo 19 y la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños.

Desde 2018, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado a México como uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas y los defensores de derechos humanos.