Physician exige a presidenta de Alianza Correccional Unida que cese declaraciones contra la compañía

Physician exigió a la presidenta de la Alianza Correccional Unida, Jessica Martínez Santos, que cese y desista de realizar declaraciones que la compañía considera difamatorias contra la corporación y sus oficiales, y advirtió que podría emprender acciones legales.

La carta está fechada el 29 de junio de 2026, pero Martínez Santos indicó que tuvo conocimiento de la comunicación hoy, luego de revisar una dirección de correo electrónico a la que, según explicó, fue enviada la misiva.

La exigencia consta en una carta firmada por el abogado Frank Torres Viada, quien indicó representar a Physician HMO, Inc., compañía que, según la comunicación, “desde el año 2018, opera y administra el Programa de Salud Correccional en virtud de un contrato vigente hasta el 30 de septiembre de 2028”.

“Durante los pasados meses usted ha estado haciendo declaraciones falsas y difamatorias contra Physician con pleno conocimiento de su falsedad”, sostiene la carta dirigida a Martínez Santos.

El documento afirma que las declaraciones de la presidenta de la Alianza Correccional Unida han relacionado a Physician HMO con querellas que varias empleadas del Departamento de Corrección y Rehabilitación habrían presentado contra el entonces secretario Francisco Quiñones Rivera.

“Usted ha comparecido a múltiples programas de radio y televisión a repetir sus falsas imputaciones basándose en alegados rumores de pasillo y en sus propias interpretaciones distorsionadas y hasta sin sentido de los hechos”, señala el abogado.

Torres Viada añade que Physician HMO mantiene una controversia judicial relacionada con su contrato para administrar el Programa de Salud Correccional y afirma que la empresa está “en una litigación legal en los Tribunales del país contra la Gobernadora de Puerto Rico y contra el DCR solicitando el cumplimiento específico del contrato para Administrar el Programa de Salud Correccional vigente hasta el 2028”.

La carta también aborda el caso del confinado Hermes Ávila Vázquez. Según el documento, su solicitud para un pase extendido por condiciones médicas fue denegada por el DCR el 31 de marzo de 2022.

“Dicha denegatoria se tornó final y firme por no haber sido apelada”, sostiene la comunicación.

Añade que en abril de 2023 el DCR liberó al confinado “unilateralmente sin que existiera ninguna nueva solicitud y sin solicitar una nueva evaluación médica”.

“Physician no tuvo NADA que ver con la liberación de este confinado por los funcionarios del DCR”, afirma el abogado.

La carta también identifica expresiones que, según Physician HMO, Martínez Santos realizó durante una entrevista el 24 de junio de 2026 en el programa Primer Round, junto a los periodistas Dennise Pérez y Rafael Lenín López.

Según el documento, Martínez Santos manifestó que la compañía había estado realizando “‘trucos’ con contrataciones”, que era un “‘movedor de fichas’” y que Physician “se encuentran conspirando para violentar procesos adjudicativos”.

El abogado también afirma que Martínez Santos imputó que Physician HMO había hecho donativos políticos.

“Esta entrevista, al igual que muchas otras, se ha hecho pública y ha sido ampliamente distribuida en medios digitales”, señala la carta, que añade que Martínez Santos “ha repetido las expresiones en más de un medio, lo que demuestra la intención de causar daño”.

Como fundamento de su advertencia, Torres Viada cita una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico del 3 de junio de 2026, Cora Colón v. Grupo Ferrer Rangel, 2026 TSPR 58.

Según la carta, el Tribunal Supremo “amplió el derecho de las figuras o personas privadas a reclamar daños y perjuicios por difamación en medios de comunicación”.

El abogado sostiene además que las expresiones de Martínez Santos son “difamatorias y ofensivas hacia nuestra representada y sus oficiales, realizadas con el propósito de provocar daños y menoscabar derechos y reputaciones”.

Finalmente, la comunicación establece: “Queda usted advertida de lo anterior y de la solicitud expresa de que cese y desista en declaraciones difamatorias contra PHYSICIAN y sus oficiales, o nos veremos en la obligación de conforme al estado de derecho, incoar las acciones legales reivindicativas que sean necesarias”.

La carta fue firmada por el abogado Frank Torres Viada, del bufete Andreu & Torres-Viada.