Piden que los 4,21 millones de dólares por armas ilegales reparen a víctimas de Ayotzinapa

Organizaciones de Derechos Humanos de México y Alemania pidieron que los 4,21 millones de dólares pagados por el fabricante de armas Heckler & Koch al Estado alemán por la exportación ilegal de fusiles G36 a México contribuya a mecanismos de reparación social para víctimas y comunidades afectadas, entre ellas las del caso Ayotzinapa.

La petición, planteada en una carta abierta al ministro presidente del estado alemán de Baden-Württemberg, Cem Özdemir, vincula el procedimiento contra la compañía con el ataque del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes, seis personas fueron asesinadas y más de 40 resultaron heridas.

Según el documento, pese a que Alemania prohibía exportar armas a Guerrero por la situación de derechos humanos, 99 fusiles G36 de Heckler & Koch estaban en manos de la policía local y al menos tres fueron disparados aquella noche contra los estudiantes.

Entre las personas agredidas estuvo el estudiante Aldo Gutiérrez Solano, quien recibió un disparo en la cabeza y permanece en estado vegetativo, aunque las organizaciones precisan que, debido al deficiente procesamiento de la escena, no se ha podido determinar si el arma que lo hirió era uno de los fusiles de la compañía alemana.

Un pago de 4,21 millones de dólares

La petición llega después de que Heckler & Koch hiciera efectivo en mayo pasado un pago de aproximadamente 4,21 millones de dólares al Estado alemán como sanción penal derivada de la sentencia dictada en 2019 por el Tribunal Regional de Stuttgart por las exportaciones ilegales de fusiles G36 a México.

Las organizaciones reconocen que esa sentencia no contempla una indemnización directa a las víctimas mexicanas y, por tanto, no obliga a transferirles los recursos. Sin embargo, piden al Gobierno de Baden-Württemberg analizar las posibilidades jurídicas y políticas para que el dinero contribuya a procesos de reparación social en México.

Entre las propuestas figuran financiar atención psicosocial y de salud para comunidades afectadas —especialmente en casos en los que esté documentado el uso de las armas, como Ayotzinapa—, apoyar el esclarecimiento de violaciones de derechos humanos y promover garantías de no repetición.

La carta también plantea abrir un diálogo entre autoridades alemanas y organizaciones civiles mexicanas y alemanas para determinar cómo canalizar los recursos y, si una transferencia directa a las familias no fuera jurídicamente posible, financiar proyectos que beneficien a las comunidades afectadas.

Entre los firmantes están el Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y varias organizaciones alemanas de derechos humanos y control del comercio de armas.