Power Expectations radica querella juramentada contra abogado de Enchanted Rock

La empresa energética Power Expectations, LLC radicó una querella juramentada contra el licenciado Javier Vázquez Morales, abogado de la compañía Enchanted Rock, LLC y asesor de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (FOMB), según anunció la entidad mediante un comunicado de prensa firmado el 7 de septiembre de 2026.

La querella fue presentada en el cuartel de Hato Rey de la Policía de Puerto Rico por Robert Fournier, asociado de Power Expectations, y su copia fue remitida al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) y al Departamento de Justicia. La acción legal surge tras imputarle a Vázquez Morales haber realizado acercamientos “inapropiados” para intentar influenciar a oficiales del Gobierno, según expresaran públicamente dichos funcionarios.

A través de la denuncia, la empresa solicitó indagar las gestiones del abogado y socio capital del bufete O’Neill & Borges LLC.

«Estamos solicitando que se investigue a este Vázquez y junto con El, a cualquier abogado, socio, empleado, agente o representante de O’Neill & Borges LLC, transmitió, comunicó, compartió o puso a disposición de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (‘Junta de Supervisión Fiscal’ o ‘FOMB’)», sostuvo Fournier.

Asimismo, la querella busca determinar si información obtenida mediante relaciones profesional o cliente-abogado —incluyendo consultas con Enchanted Rock o conversaciones con Flotek Industries— fue compartida directa o indirectamente con la Junta Fiscal.

Por su parte, el asesor legal de Power Expectations, Abraham Freyre Medina, indicó que la empresa evalúa las actuaciones de Vázquez Morales ante posibles violaciones a las Reglas de Conducta Profesional del Tribunal Supremo, tales como los deberes frente a clientes potenciales (Regla 1.18), conflicto de interés (Regla 1.7), deberes con clientes anteriores (Regla 1.9) y confidencialidad (Regla 1.6).

Freyre Medina señaló además que el abogado pudo haber incurrido en violaciones al Código Penal de Puerto Rico (Artículos 176, 182, 202 y 244 por conspiración), así como a la Ley 80-2011 para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales por alegado espionaje corporativo.