Proponen eliminar impuestos al capital para todos los residentes de Puerto Rico

Una propuesta denominada “Ley de Justicia Contributiva para Todos” plantea eliminar por completo los impuestos sobre ganancias de capital, intereses y dividendos para las personas que sean residentes de Puerto Rico, como parte de una estrategia para atraer inversión, aumentar la población y estimular el crecimiento económico de la Isla.

El documento, presentado como una propuesta de política contributiva por parte de la Cámara de Comercio sostiene que el único requisito para acogerse al beneficio sería ser residente legal de Puerto Rico, lo que define como permanecer más de 183 días al año en la Isla. No contemplaría, según la propuesta, solicitudes individuales, períodos de espera ni procesos de aprobación.

La iniciativa propone que los residentes de Puerto Rico no paguen impuestos sobre ganancias de capital, intereses y dividendos, independientemente de su nivel de ingreso, profesión o nacionalidad. El documento sostiene que la medida aplicaría de forma uniforme a todos los residentes.

Para implementar el cambio sería necesario enmendar varias disposiciones del Código de Rentas Internas, principalmente aquellas relacionadas con las tasas contributivas, la determinación de ingresos y el tratamiento de ganancias y pérdidas de capital.

La propuesta también contempla cambios al Código de Incentivos y a otras leyes para armonizar el nuevo régimen contributivo. Las corporaciones, sociedades, compañías de responsabilidad limitada y otros contribuyentes continuarían sujetos a determinadas contribuciones sobre estos ingresos, al igual que las personas que no sean residentes de Puerto Rico.

Los proponentes parten de un diagnóstico económico que incluye una población en descenso, envejecimiento poblacional, menores tasas de fertilidad, reducción de la fuerza laboral y una disminución del Producto Interno Bruto.

La propuesta sostiene que Puerto Rico podría utilizar su relación con Estados Unidos como una ventaja competitiva. Argumenta que, bajo este esquema, la Isla podría convertirse en un destino particularmente atractivo para ciudadanos estadounidenses que buscan trasladarse sin tener que renunciar a su ciudadanía.

El documento utiliza como referencia los estados de Florida y Texas y sostiene que jurisdicciones con políticas contributivas favorables al capital han experimentado aumentos en población, inversión y actividad económica.

También plantea que la eliminación de impuestos al capital podría incentivar el regreso de puertorriqueños que se han mudado al continente y atraer nuevos residentes, inversionistas y personas que buscan retirarse en Puerto Rico.

Uno de los principales argumentos de la propuesta es que el costo fiscal sería limitado.

Según el análisis incluido en el documento, los ingresos tributarios provenientes de ganancias de capital, intereses y dividendos representan aproximadamente 1% de los ingresos tributarios de Puerto Rico y, generalmente, menos del 1% de los ingresos del Gobierno. Los proponentes sostienen que esa pérdida sería compensada por una mayor actividad económica y por los impuestos que pagarían los nuevos residentes mediante consumo, propiedades, ingresos y actividad empresarial.

Para estimar el posible beneficio, el análisis utiliza como referencia a personas que se han trasladado a Puerto Rico bajo incentivos de la Ley 60, al considerarlas comparables con el tipo de residentes que la nueva ley intentaría atraer. El documento toma en cuenta, entre otros factores, un consumo anual promedio de $80,000 sujeto al IVU, adquisición o alquiler de propiedades, creación de negocios y contratación de empleados.

A partir de esos supuestos, los proponentes calculan que el Gobierno podría generar ingresos adicionales mediante impuestos sobre ventas, propiedad, actividad corporativa e ingresos de trabajadores.

La propuesta afirma que, aun excluyendo otros posibles beneficios, como nuevas inversiones, crecimiento económico y donaciones, el impacto neto sería favorable para las arcas públicas. Según sus cálculos, solo serían necesarias 501 personas adicionales atraídas a Puerto Rico para alcanzar el punto de equilibrio fiscal.

La iniciativa también busca diferenciarse de los actuales incentivos contributivos.

El documento utiliza como referencia la Ley 60 y señala que, para 2023, había 2,660 personas con decretos activos, mientras que desde 2012 se habían aprobado alrededor de 5,000 decretos. Los proponentes consideran que los procesos de solicitud, espera, divulgación de información y otros requisitos constituyen barreras para atraer nuevos residentes.

En lugar de un incentivo sujeto a decreto individual, la “Ley de Justicia Contributiva para Todos” establecería el beneficio directamente en ley para cualquier persona que cumpla con el requisito de residencia.

La propuesta no eliminaría el uso de decretos contributivos. El documento plantea que algunos inversionistas podrían continuar solicitando un decreto del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para protegerse durante 15 años frente a una eventual modificación futura de la ley que volviera a imponer impuestos sobre ganancias de capital, dividendos o intereses.

La propuesta tendría, por tanto, el efecto de establecer un beneficio contributivo general para los residentes y mantener mecanismos de protección para determinados inversionistas.

Aunque sus proponentes describen la implementación como jurídicamente sencilla, el proyecto requeriría múltiples enmiendas al Código de Rentas Internas, al Código de Incentivos y a legislación relacionada. El documento plantea que la modificación central sería eliminar la tributación de ganancias de capital, intereses y dividendos para individuos residentes, mientras mantiene la tributación de determinadas categorías de contribuyentes.

La propuesta apuesta a sacrificar una fuente relativamente pequeña de ingresos contributivos a cambio de intentar generar una base mayor de contribuyentes, consumidores, propietarios e inversionistas.