Senado aprueba medida para fortalecer protecciones educativas a estudiantes inmigrantes

El Senado aprobó en sesión ordinaria el Proyecto del Senado 1062, de la senadora de mayoría Nitza Moran Trinidad, que crea la “Ley de Equidad Educativa para Estudiantes Inmigrantes y Estudiantes con Estatus Migratorio No Definido en Puerto Rico”, con el propósito de garantizar el acceso a la educación pública y establecer protecciones relacionadas con la matrícula, la confidencialidad, el discrimen y las intervenciones de autoridades migratorias en los planteles escolares.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, se expresó a favor de la medida. “Se trata de si estamos a favor de tener el mayor rigor posible para proteger a este sector de la población que está aquí, que es productivo y que recibimos con los brazos abiertos, o no. Se trata de si creemos que nos basta con una orden administrativa o si queremos que sea una ley. Es así de simple. La acción de la Asamblea Legislativa, la acción del secretario de Estado y la acción de todos los actores que sobre este asunto pueden intervenir es lo cardinal, y ese es el mensaje que se está enviando con la aprobación de esta medida. No es ninguna otra cosa. La medida tiene un propósito noble y envía el mensaje correcto”.

La legislación reconoce el derecho de todo menor a recibir educación pública, gratuita y obligatoria independientemente de su estatus migratorio y establece protecciones contra el discrimen, el acoso y la divulgación indebida de información personal.

Por su parte, Moran destacó que lo primordial de la medida es proteger a la niñez. “Lo que se busca con esta medida es convertir en ley unas protecciones que no deben depender únicamente de un protocolo administrativo. Estamos hablando de menores con estatus migratorio no definido, pero también de niños y jóvenes que tienen su estatus definido y cuyos padres pueden encontrarse en otra situación migratoria. Aquí lo que se busca es proteger al menor. Hoy, con la creación de esta Ley de Equidad Educativa para Estudiantes Inmigrantes y Estudiantes con Estatus Migratorio No Definido en Puerto Rico, protegemos a la niñez. No importa su nacionalidad”.

De igual forma, a favor de la medida se expresó la senadora de mayoría Roxanna Soto Aguilú. “El proyecto de lo único que habla es de establecer una política pública del derecho de acceso a educación pública gratuita que van a tener los menores hasta los 21 años de edad en el Departamento de Educación, sean migrantes, tengas un estatus migratorio no definido, que es que no tengas identificaciones, o sea un ciudadano…Este es un proyecto sano que reafirma el compromiso del gobierno”.

Igualmente, se le dio paso al Proyecto del Senado 1203 del senador de mayoría Wilmer Reyes Berríos, que ordena a la Policía desarrollar campañas educativas sobre las consecuencias legales de presentar denuncias falsas, incluyendo aquellas realizadas mediante contenido falso o manipulado con inteligencia artificial.

En un turno, Reyes sostuvo que “el proyecto no pretende restringir la inteligencia artificial ni imponer nuevas regulaciones tecnológicas. Su propósito es educar, prevenir y proteger. La medida establece que la Policía de Puerto Rico desarrolle campañas educativas continuas, en coordinación con las policías municipales y el Sistema de Emergencias 9-1-1, para orientar a nuestra ciudadanía sobre las consecuencias legales de presentar denuncias falsas y sobre cómo identificar contenido manipulado mediante inteligencia artificial”. La medida indica que el Superintendente deberá rendir un informe anual sobre las campañas y los datos disponibles relacionados con denuncias falsas.

También fue aprobado el Proyecto del Senado 1260, del senador de mayoría Luis Daniel Colón La Santa, que crea la denominada “Ley CENTRA”, dirigida a establecer un programa piloto para facilitar la coordinación de servicios interagenciales dirigidos a personas con impedimentos, incluyendo aquellas diagnosticadas con trastorno del espectro autista. La iniciativa busca reducir la duplicidad de trámites y facilitar el acceso a servicios gubernamentales mediante una mayor coordinación entre agencias. El texto aprobado procura armonizar el programa con mecanismos tecnológicos e interagenciales ya existentes para evitar la creación de estructuras duplicadas.

Por otra parte, el Senado dio paso al Proyecto del Senado 1316, del vicepresidente senatorial Carmelo Ríos Santiago, que enmienda el Código Penal para fortalecer las disposiciones relacionadas con la malversación y manejo indebido de fondos federales y de emergencia.

La medida amplía la responsabilidad penal a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que administren, custodien o desembolsen estos recursos, e incorpora circunstancias agravantes, mecanismos de restitución y un término especial de prescripción.

De igual forma, recibió el aval senatorial el Proyecto del Senado 835 en su reconsideración de la autoría de Ríos Santiago. La medida enmienda la Ley de Armas de Puerto Rico para autorizar el uso y venta de supresores de sonido en armerías con polígonos de tiro debidamente autorizados. “La autorización del uso de supresores no responde a un interés de flexibilizar las restricciones de armas, sino a una necesidad de salud pública y seguridad ocupacional. La evidencia y data científica que contiene la Exposición de Motivos del PS 835 establece, claramente, que la exposición al ruido de armas de fuego constituye un riesgo bien documentado para la audición”, cita el informe de la medida.

El Alto Cuerpo también aprobó el Proyecto del Senado 1414 (A-138), medida de administración, que enmienda la “Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa” para establecer protecciones específicas durante estados de emergencia, epidemias, pandemias o desastres. La legislación dispone que las actuaciones gubernamentales que impongan una carga sustancial al ejercicio religioso deberán responder a un interés gubernamental apremiante y utilizar el medio menos restrictivo disponible.

Además, fue aprobado el Proyecto del Senado 1462, del senador de mayoría Héctor Gabriel “Gaby” González López, que crea la “Ley para la Prevención del Aislamiento Social y la Soledad No Deseada de las Personas Adultas Mayores de Puerto Rico” y establece el Programa Conecta 60+ bajo la coordinación de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada. El programa establecerá mecanismos voluntarios de identificación, cernimiento, seguimiento y conexión con servicios y redes de apoyo.

Asimismo, recibió el aval del Alto Cuerpo el Proyecto del Senado 1255 de la senadora de minoría Ada Álvarez Conde, que crea la “Ley de Reglamentación y Fiscalización de Oficiales de Control de Animales e Investigadores de Crueldad”. Esto es un marco de reglamentación, capacitación, licenciamiento y fiscalización para los Oficiales de Control de Animales e Investigadores de Crueldad.

De otro lado, el Senado concurrió con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 465 del presidente senatorial. La medida enmienda el Código Penal de Puerto Rico, a fin de añadir al delito de resistencia u obstrucción a la autoridad pública, el negarse a cooperar en una investigación criminal, o a comparecer ante un tribunal para autenticar una grabación digital, con o sin audio, con contenido delictivo voluntariamente publicada en las redes sociales por la misma persona a quien se le hace el requerimiento. Esto salvo que se trate de la persona acusada o de quien haya participado de los hechos que la grabación revela.

Asimismo, concurrió con los Proyectos del Senado 899, 806, 470, 1463 y la Resolución Conjunta del Senado 185. Además, aprobó los informes del comité de conferencia de los Proyectos de la Cámara 1120, 887 y 1352.