Alcalde de San Juan reclama investigar intervenciones migratorias federales

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, solicitó formalmente a la agencia federal Homeland Security Investigations (HSI) que investigue señalamientos relacionados con las intervenciones migratorias realizadas en comunidades de la capital, particularmente en Barrio Obrero, Río Piedras y Villa Palmeras, ante preocupaciones sobre el trato a residentes y posibles vulneraciones de derechos constitucionales.

Mediante una carta fechada el 28 de octubre de 2026 y dirigida a la agente especial a cargo, Rebecca González Ramos, el ejecutivo municipal reconoció la autoridad del Gobierno federal para hacer cumplir las leyes migratorias, pero advirtió que esa facultad no puede ejercerse al margen de las garantías constitucionales.

“La Constitución de Puerto Rico comienza su Carta de Derechos con una afirmación universal que debe servir de norte para el servicio público: ‘La dignidad del ser humano es inviolable’”, expresó Romero Lugo en la comunicación.

El alcalde sostuvo que los operativos han provocado inquietud entre residentes que temen realizar actividades cotidianas ante la posibilidad de encontrarse con agentes federales.

“Como Alcalde, mi juramento de fidelidad y adhesión a las constituciones de los Estados Unidos de América y de Puerto Rico me exige atender estas inquietudes, particularmente cuando una persona teme salir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o realizar sus actividades cotidianas por la incertidumbre sobre cómo podría ser tratada durante una intervención migratoria federal”, señaló.

Romero Lugo hizo particular referencia a Barrio Obrero, Río Piedras y Villa Palmeras, donde destacó que conviven ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanentes y personas de origen extranjero cuya situación migratoria puede variar.

Rechazó que la presencia de comunidades inmigrantes pueda utilizarse para generalizar sobre la condición legal de quienes residen en esos sectores.

El alcalde también planteó interrogantes sobre la aparente concentración de intervenciones migratorias en San Juan, sin que se haya establecido públicamente si los operativos tienen un alcance o frecuencia similar en otros municipios de Puerto Rico.

Uno de los planteamientos centrales de la carta está relacionado con la falta de información sobre la naturaleza de las intervenciones y los fundamentos legales utilizados por los agentes federales.

“La información divulgada sobre algunos de estos operativos no permite conocer con claridad si las intervenciones han respondido a órdenes de arresto u otras órdenes emitidas por autoridad competente, o si se han realizado al amparo de alguna facultad legal que permita actuar sin orden previa”, expuso el alcalde.

Añadió que “esta falta de claridad genera inquietud entre nuestros ciudadanos y requiere atención de quienes tenemos la responsabilidad de representarlos como funcionarios electos”.

Romero Lugo reconoció que las autoridades federales tienen responsabilidades legítimas en materia de seguridad pública, pero insistió en que su cumplimiento no debe estar reñido con el respeto a los derechos individuales.

“La seguridad pública y el respeto a la dignidad humana deben imperar en cada intervención y no deben considerarse mutuamente excluyentes”, sostuvo.

La comunicación también incluye imágenes audiovisuales difundidas públicamente que, según el alcalde, han generado señalamientos sobre posibles actuaciones intimidatorias de agentes federales contra personas que observan o documentan las intervenciones.

“También nos preocupan las imágenes audiovisuales difundidas que han dado lugar a señalamientos sobre posibles actuaciones intimidatorias hacia personas que graban los operativos”, indicó.

Romero Lugo reconoció que algunas personas podrían obstaculizar las intervenciones, pero advirtió que esa posibilidad no elimina la necesidad de investigar las denuncias.

“Según lo reportado, algunas de estas personas se limitaban a documentar las intervenciones, sin obstruirlas ni interferir con la labor de los agentes”, expresó.

El alcalde invocó la Primera Enmienda de la Constitución federal y recordó que el derecho a documentar actuaciones de funcionarios públicos en espacios públicos merece protección constitucional.

En esa línea, planteó que debe distinguirse entre una conducta que obstruya una intervención o comprometa la seguridad de los agentes y el mero acto de observar o grabar.

La carta reclama que la documentación de intervenciones federales no dé lugar a intimidación, amenazas ni represalias contra quienes ejercen legítimamente sus derechos.

En su comunicación, el alcalde pidió que se investiguen los señalamientos expuestos, se evalúe la legalidad de las actuaciones denunciadas y se revisen las instrucciones relacionadas con el trato a las personas intervenidas y a quienes documentan los procedimientos.

También solicitó que se adopten las medidas correctivas correspondientes cuando se identifiquen actuaciones contrarias a las garantías constitucionales.