Amenazan y presionan a familias colombianas que recibieron tierras por la reforma agraria

El miedo y la incertidumbre se han apoderado de unas 77 familias campesinas que habitan en la finca La Alquería (noreste de Colombia), un predio que les entregó el Estado hace medio año y donde hoy denuncian amenazas, intimidaciones y presiones para que abandonen las tierras.

La situación pone en cuestión el proceso por el cual consiguieron esas tierras, la reforma agraria implementada por el anterior Gobierno, el del izquierdista Gustavo Petro (2022-2026), con base en el acuerdo de paz de 2016 entre el Estado y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Al líder de nuestra organización le hicieron llegar unas bolsas mortuorias a la casa de sus hijas", relata a EFE Salvador Lara Hernández, vocal de la Asociación de Campesinos y Comunidades sin Tierra del Cesar, al describir las intimidaciones que, según denuncia, afrontan los dirigentes y las familias asentadas en este espacio.

La Alquería es una finca de 466 hectáreas situada en la zona rural de Valledupar, capital del departamento del Cesar, y de acuerdo al senador Iván Cepeda, "su pasado está ligado a Hugues Rodríguez, un antiguo jefe paramilitar que se declaró culpable por narcotráfico en Estados Unidos".

Cepeda, que recientemente visitó el predio con algunos medios de comunicación, recordó esos antecedentes el pasado 27 de octubre, durante un debate de control político al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, en el que también alertó sobre las presiones que afrontan las familias campesinas que recibieron las tierras de manos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en mayo.

Según esta agencia, más de medio millón de personas, entre familias y víctimas del conflicto armado se han beneficiado de este reparto de tierras.

El proceso, sin embargo, se encuentra ahora en entredicho por la llegada a la presidencia colombiana del ultraderechista Abelardo de la Espriella, opositor declarado del acuerdo de paz, y que ha relegado la reforma agraria a un segundo término.

Las amenazas en el día a día

Para Mayelis Mendoza, fiscal de la Asociación de Mujeres Rurales de Tierras Nuevas, la preocupación se manifiesta en situaciones cotidianas porque personas a las que identifican como trabajadores de los antiguos ocupantes les advierten que no siembren porque la finca sigue perteneciendo a Rodríguez y "tendrán que devolverla".

Mendoza denuncia que esas personas también cortan el alambrado que delimita las parcelas, lo que permite el ingreso del ganado y ocasiona daños en los cultivos de maíz, yuca, patilla, caña y plátano.

Entretanto, Fabián Carrillo, director ejecutivo de la Asociación de Mujeres Rurales de Tierras Nuevas, asegura que han recibido mensajes donde les piden que no inviertan ni trabajen la tierra, porque "pueden perder lo que produzcan cuando la finca vuelva a manos de su antiguo propietario".

"No queremos que un predio que fue entregado para resarcir a las víctimas vuelva nuevamente a manos de los victimarios", sostiene Carrillo a EFE.

Explica que estas advertencias generan temor entre las familias que llegaron al lugar con la expectativa de construir un proyecto de vida en el campo.

Una tierra que representaba esperanza

Las denuncias contrastan con la ilusión que significó para las familias recibir este predio después de más de una década de reclamaciones, en una diligencia realizada en mayo pasado por el Gobierno Petro.

Para Mendoza, la entrega representó "la oportunidad de trabajar por cuenta propia y construir un futuro para sus hogares", una expectativa que ahora siente amenazada.

"La reforma agraria para nosotros fue la mayor ilusión y la mayor esperanza que hemos tenido al recibir estos predios", explicó.

Los líderes campesinos piden garantías para permanecer en el asentamiento y avanzar en la titulación del terreno, al tiempo que reclaman al actual Gobierno que cumpla los compromisos del acuerdo de paz de 2016 y proteja la reforma agraria.

"Aquí tenemos nuestro futuro, nuestro sustento, el futuro de nuestros hijos y nuestra soberanía alimentaria", resume Lara.

En ese mismo sentido se pronunció el senador Cepeda que pidió a las autoridades de Valledupar y a los organismos competentes que garanticen la seguridad de esta comunidad que, según dijo, ha tenido "el valor de denunciar las amenazas y presiones de Hugues Rodríguez, con la complicidad del Gobierno" de De la Espriella.

Mientras esperan respuestas de las autoridades, las familias siguen cultivando en La Alquería, aunque aseguran hacerlo con temor a que el ganado destruya sus cosechas o a que las amenazas trasciendan a nuevos escenarios de violencias.

Esneyder Negrete