Cámara de Representantes impulsa la desalinización como fuente adicional ante futuras sequías

La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes evaluó hoy, mediante vista pública de la Resolución de la Cámara 106, el desarrollo de plantas desalinizadoras como fuente adicional de agua para Puerto Rico. El presidente de la comisión, el representante Joel Franqui Atiles, sostuvo que la discusión debe centrarse en la seguridad hídrica, la redundancia del sistema y el costo de continuar reaccionando a cada sequía sin crear fuentes nuevas de abasto.

“La desalinización no pretende sustituir los embalses ni los trabajos necesarios para reducir salideros y conservar nuestras fuentes. Su propósito es añadir redundancia. Puerto Rico no puede continuar dependiendo casi exclusivamente de la lluvia, de embalses que vuelven a perder capacidad por sedimentación y de una infraestructura vulnerable. Necesitamos una fuente complementaria que pueda operar durante las sequías y reducir la presión sobre los embalses”, puntualizó el legislador por Camuy, Hatillo y Quebradillas. 

Durante la vista, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) utilizó como referencia una planta de California con capacidad para producir 50 millones de galones diarios y una inversión cercana a $1,000 millones. El representante señaló que esa referencia debe examinarse junto con proyectos desarrollados en Israel y otras jurisdicciones, así como tecnologías modernas, plantas modulares y modelos de financiamiento que permitan comparar costos bajo las condiciones particulares de Puerto Rico. Una instalación de 50 millones de galones diarios equivaldría aproximadamente al 9% de los cerca de 540 millones de galones que produce diariamente la corporación pública. Bajo supuestos razonables de consumo, tendría el potencial de atender alrededor de 125,000 cuentas, aproximadamente una décima parte de los abonados activos. 

“No estamos diciendo que Puerto Rico tenga que comenzar con una planta de $1,000 millones. Estamos exigiendo que se estudien alternativas escalables de 5, 10, 20 y hasta 50 millones de galones diarios, con costos comparables, ubicaciones estratégicas y fuentes de energía adecuadas. Decir que una planta es costosa sin calcular cuánto cuesta no tener agua ofrece una visión incompleta”, subrayó Franqui Atiles. 

El legislador recordó que las interrupciones del servicio han provocado pérdidas estimadas de entre $18 millones y $20 millones diarios solamente entre las pequeñas y medianas empresas. El impacto total puede ser mayor cuando se consideran las familias, hospitales, escuelas, agricultura, turismo, productividad laboral y operaciones gubernamentales. A un impacto de $20 millones diarios, en 50 días la economía sufriría pérdidas equivalentes a una inversión de $1,000 millones, sostuvo. 

Franqui Atiles también destacó que el dragado de Carraízo, con una inversión aproximada de $106.8 millones, era necesario para recuperar capacidad perdida por sedimentación, pero no crea una fuente nueva de agua ni evita que los sedimentos vuelvan a acumularse. “Tenemos que mantener nuestros embalses, reducir las pérdidas del sistema y, al mismo tiempo, invertir en soluciones que aumenten permanentemente la diversidad de nuestras fuentes”, afirmó.

Durante la vista, el representante señaló, además, que la Junta de Supervisión Fiscal autorizó al gobierno a solicitar acceso a una Reserva de Emergencia con aproximadamente $1,300 millones para gastos elegibles relacionados con la sequía. Aunque esos recursos no constituyen una asignación automática para construir una desalinizadora, Franqui Atiles reclamó que se determine qué parte puede utilizarse para estudios, diseño, permisos, proyectos piloto y pareo de fondos federales dirigidos a soluciones permanentes.

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, por su parte, reconoció que la tecnología puede utilizarse en la isla y present varias alternativas; entre ellas se encuentra evaluar una instalación desalinizadora vinculada a la central Palo Seco, con el propósito de sustituir el agua que actualmente recibe del Superacueducto para sus operaciones. Esa medida liberaría agua potable para los abonados y permitiría probar la tecnología en una instalación estratégica antes de considerar proyectos de mayor escala.

“Agradecemos al Colegio de Ingenieros por no limitarse a identificar obstáculos y por proponer alternativas viables. Palo Seco puede convertirse en un proyecto demostrativo, atender una necesidad industrial específica, reducir el consumo de agua proveniente del Superacueducto y producir información sobre costos, energía, permisos, operación e impacto ambiental en Puerto Rico”, agregó el legislador novoprogresista.

El equipo de la Comisión de Desarrollo Económico continuará solicitando información a la AAA y a las agencias concernidas para identificar ubicaciones, capacidades, costos, fuentes energéticas y mecanismos de financiamiento. También evaluará sistemas de captación que reduzcan el impacto sobre los ecosistemas marinos y alternativas para manejar responsablemente la salmuera.

“No podemos esperar a que los embalses alcancen niveles críticos para volver a reaccionar. Puerto Rico necesita un plan que combine conservación, reparación de salideros, mantenimiento de embalses, reúso de agua y nuevas fuentes como la desalinización. Nuestro deber es comenzar ahora para que la próxima sequía no vuelva a encontrarnos sin alternativas”, añadió.