Comisionado Residente y congresistas piden al DOE un plan operacional de 90 días ante la crisis energética

 En medio de la controversia por el contrato de energía temporera de Power Expectations, el Comisionado Residente de Puerto Rico, Pablo José Hernández, lideró un esfuerzo bipartidista para que el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) actúe de inmediato ante el riesgo de más apagones. 

En una carta dirigida al secretario de Energía, el Comisionado Residente y los congresistas presentaron cuatro medidas que la DOE debe tomar inmediatamente para atender el problema de los apagones. 

1. Que el DOE reúna de inmediato a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), LUMA Energy, Genera PR, el Negociado de Energía de Puerto Rico y al liderato energético del Gobierno de Puerto Rico para coordinar una respuesta conjunta.
2. Que dirijan la implantación de un plan operacional de confiabilidad para los próximos 90 días. 
3. Que usen la autoridad que les brinda la orden de emergencia para proveer más recursos de generación. 
4. Que envíen a sus expertos técnicos para determinar qué plantas pueden regresar a servicio en 7, 14 y 30 días y reducir el riesgo de nuevos apagones.

“Queremos acabar con los apagones, y el gobierno federal tiene recursos que no está maximizando. Este es un reclamo bipartidista para atender la crisis en Puerto Rico, que se agravó con la cancelación del contrato de generación temporera”, expresó el Comisionado Residente.

Al esfuerzo se unieron, entre otros, Rob Menendez, miembro del Comité de Energía y Comercio; Sean Casten, vicepresidente de la Coalición de Energía Sostenible y Medio Ambiente de la Cámara (SEEC); y el delegado republicano de Guam, James Moylan.

La gestión cobra mayor urgencia tras la cancelación de un contrato de $5,900 millones que buscaba añadir generación al sistema. Sin esa capacidad adicional, Puerto Rico queda con menos margen para responder a fallas y mayor riesgo de apagones que pueden significar comida perdida, negocios detenidos y más gastos en combustible y generadores.

El Comisionado Residente ha estado fiscalizando las decisiones sobre generación temporera desde el año pasado. En junio de 2025, junto a un colega republicano, reclamó explicaciones sobre alternativas de generación que habían sido descartadas y exigió respuestas a funcionarios federales y de Puerto Rico. Ahora, tras la cancelación del contrato de $5,900 millones, el Comisionado Residente continuará esa fiscalización desde el Congreso para esclarecer qué ocurrió, quién tenía conocimiento de las irregularidades y por qué no se actuó antes.