Movimientos de personal en Familia alimentan versiones sobre inminente salida de Suzanne Roig

Movimientos de personal que se están produciendo en el Departamento de la Familia han levantado sospechas entre funcionarios de la agencia sobre lo que consideran preparativos ante la inminente salida de la secretaria Suzanne Roig Fuertes, quien enfrenta una creciente presión pública y política tras una acumulación de controversias que incluyen una investigación federal, dos agencias estatales y una legislativa.

Tres fuentes distintas del Departamento de la Familia aseguraron a Prensa Abierta que los cambios han generado la percepción de que se prepara una transición en la dirección del Departamento, aunque esta mañana el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, volvió a defender a la funcionaria. Sin embargo, hace dos días la gobernadora Jenniffer González Colón, rechazó respaldarla en público como lo había hecho antes.

Los movimientos incluyen reclasificaciones de puestos, aunque de manera interina.

La situación adquirió una dimensión mayor el pasado 20 de octubre, cuando la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, confirmó el inicio de una investigación preliminar sobre las actuaciones de Roig Fuertes relacionadas con los procesos de contratación en la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF). La investigación, a cargo de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, responde a un referido del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, tras las denuncias formuladas por la destituida administradora de ADSEF, Blanca Medina Díaz en vistas públicas y en medios de comunicación.

Medina Díaz declaró que recibió presiones de Roig Fuertes para formalizar un contrato de aproximadamente $38.5 millones con la empresa NOLA Education LLC, destinado al desarrollo del programa educativo Star Academy con fondos federales del Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).

La exfuncionaria también denunció presiones relacionadas con otra contratación propuesta para la empresa Strategic Technology Advisors. Roig Fuertes ha rechazado categóricamente las imputaciones y ha defendido la legalidad de sus actuaciones.

En tanto, la secretaria de Justicia confirmó que dos fiscales fueron asignados a la pesquisa, que dispone de un término de 90 días para completarse. Una vez concluida, Justicia deberá determinar si recomienda a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente la designación de un fiscal especial para investigar los hechos.

Roig Fuertes ha negado reiteradamente haber intervenido en comunicaciones internas de ADSEF relacionadas con la posibilidad de adelantar pagos a NOLA Education antes de formalizar un contrato, aunque el récord público la desmiente.

Pero el contrato de $38.5 millones no es el único asunto que mantiene a la secretaria bajo escrutinio.

Una investigación publicada por Prensa Abierta reveló detalles sobre un viaje oficial realizado por Roig Fuertes a España en septiembre de 2025, durante el cual se formalizó un acuerdo colaborativo con la Fundación SAMU, organización que posteriormente recibió un contrato de $355,646.50 del Departamento de la Familia.

El acuerdo contractual, suscrito en marzo de 2026, contemplaba servicios de mentoría, capacitación y apoyo psicosocial para jóvenes en transición hacia la vida adulta. Entre los hallazgos divulgados por este medio digital figura que el aviso público para recibir propuestas fue emitido el 18 de septiembre de 2025, coincidiendo con la visita de la secretaria a las instalaciones de la organización en España. La agencia ha rechazado que esa coincidencia implique una relación irregular entre ambos procesos.

A raíz de la publicación, el senador Juan Oscar Morales presentó una petición de información para exigir documentación sobre las autorizaciones del viaje, los funcionarios que participaron, los gastos incurridos, las reuniones celebradas y el proceso que culminó con la contratación de SAMU. El requerimiento también incluye información sobre desembolsos, resultados del programa y una partida de $33,315 destinada a la celebración de un congreso.

Esta nueva controversia amplió los cuestionamientos sobre los procedimientos de contratación de la agencia y el manejo de recursos públicos destinados a poblaciones vulnerables. Paralelamente, la Comisión de Familia del Senado, presidida por la senadora Wandy Soto Tolentino, mantiene abierta su investigación sobre los procesos administrativos de ADSEF.

La comisión concedió a Roig Fuertes y a Medina Díaz una extensión final hasta el 30 de octubre para entregar la documentación requerida durante las vistas públicas celebradas el 7 de octubre.