Delegación popular impulsa proyectos para frenar brechas tecnológicas que afectan a la tercera edad

En una conferencia de prensa liderada por el portavoz de la delegación, Luis Javier Hernández, junto a las senadoras Marially González y Ada Álvarez Conde, el Partido Popular Democrático presentó dos iniciativas legislativas orientadas a salvaguardar los derechos y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en la isla. Las propuestas abordan problemáticas críticas relacionadas con la pérdida de beneficios contributivos de vivienda y las barreras de acceso en los servicios gubernamentales digitales.

Durante el encuentro con los medios, los legisladores detallaron que estas propuestas surgen como respuesta a las dificultades y situaciones de vulnerabilidad que enfrenta esta población. La primera medida busca enmendar el Código Municipal para prohibir que el CRIM revoque o niegue la exoneración contributiva residencial a aquellos adultos mayores que deban mudarse a un centro de cuidado prolongado o a la residencia de un familiar por razones de salud o discapacidad. La segunda iniciativa promueve la creación de la Alianza para la Equidad Digital mediante el proyecto del Senado 1494, exigiendo a las agencias gubernamentales protocolos uniformes que garanticen alternativas de asistencia presencial y telefónica ante las fallas tecnológicas registradas recientemente.

Para enfatizar la urgencia de estas acciones, el senador Luis Javier Hernández señaló durante la conferencia:

«Hoy se han presentado dos medidas para beneficiar a la población de adulto mayor, principalmente para evitar las imágenes terribles que vivimos este fin de semana, donde miles de adultos mayores tuvieron que hacer largas filas porque no existe un mecanismo que le dé equidad digital a esta población para que pueda accesar de manera alterna…»

Con estas acciones, los legisladores buscan presionar al gobierno para establecer mecanismos permanentes de coordinación multisectorial e infraestructura adecuada, asegurando que los adultos mayores no queden excluidos de sus derechos fundamentales ni de los servicios esenciales del Estado.