Demandada Suzanne Roig por alegados insultos e insinuaciones sobre orientación sexual

La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, enfrenta una demanda por alegadas violaciones de derechos civiles, hostigamiento laboral, represalias y discrimen, presentada por quien fuera directora regional de la agencia en Arecibo, Blanca Rosa García Sostre, quien denuncia un patrón de persecución institucional que, según sostiene, fue promovido desde la propia dirección del Departamento.

El recurso judicial, dirigido al Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, también identifica como demandados al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al Departamento de Justicia, al Departamento de la Familia y a las funcionarias Lynette Pérez Molinari, Sofía Benítez Rodríguez y Vivian Martínez Ruiz.

En la demanda, García Sostre sostiene que fue sometida a un patrón continuo de maltrato psicológico, amenazas, despojo de funciones, difamación y actuaciones administrativas injustificadas que afectaron su reputación profesional y estabilidad emocional.

Las alegaciones incluyen incidentes ocurridos entre 2025 y junio de 2026, así como señalamientos de discrimen por orientación sexual y represalias luego de que la funcionaria presentara querellas internas.

Uno de los señalamientos más directos contra Roig es que presuntamente se refería a García Sostre utilizando calificativos como “bruta” y “mentirosa”, mientras cuestionaba su competencia profesional.

Según el documento, el 14 de mayo de 2025, la secretaria acudió a una actividad del representante del Distrito 14 y excluyó a García Sostre de la representación institucional, pese a que ocupaba el puesto de directora regional.

La demandante asegura que, antes de la actividad, Roig le comunicó que no deseaba verla presente y que debía seguir instrucciones sin cuestionarlas.

Posteriormente, según la demanda, la secretaria acudió a su oficina en Arecibo y la amenazó con destituirla.

Los incidentes continuaron durante junio de ese año, según se alega.

El 13 de junio de 2025, García Sostre asegura que Roig la llamó para interrogarla sobre un movimiento de personal y, durante la conversación, insistió en llamarla “mentira”, imputándole falsedad, aunque las funciones relacionadas con los movimientos de empleados le habían sido retiradas previamente.

Ese mismo día, la secretaria presuntamente volvió a comunicarse con ella para cuestionarle si estaba organizando empleados para acudir a La Fortaleza a presentar una queja en su contra.

La demanda sostiene que Roig le expresó que “no le temía”, que tenía mayor influencia institucional y que la removería del puesto cuando lo estimara conveniente.

El recurso también describe un episodio ocurrido el 20 de junio de 2025, cuando la secretaria supuestamente llamó a García Sostre para cuestionarle una visita al alcalde de Utuado, utilizando un tono elevado e intimidante.

La demandante afirma que el maltrato llegó a afectar su bienestar emocional hasta el punto de buscar ayuda psicológica.

Pero las acusaciones no se limitan a las actuaciones atribuidas a la secretaria.

García Sostre denuncia que la subdirectora regional, Lynette Pérez Molinari, emprendió una campaña de persecución que incluyó fotografías tomadas sin autorización, comentarios difamatorios y expresiones relacionadas con su orientación sexual.

En el documento judicial se alega que Pérez Molinari divulgaba entre empleados comentarios indicando que García Sostre era lesbiana y que había que tener cuidado con ella.

El 1 de julio de 2025, García Sostre presentó una querella formal contra Pérez Molinari por hostigamiento y persecución.

Sin embargo, sostiene que, cuando llevó sus señalamientos a la secretaria, esta ignoró la evidencia presentada y, en lugar de intervenir, le exigió “respetar el puesto” de la subdirectora.

La demandante asegura que posteriormente fue despojada de funciones directivas que fueron delegadas a Pérez Molinari.

Según la demanda, el 29 de enero de 2026 recibió una contestación del nivel central de la agencia en la que se le atribuyó a ella la conducta de hostigamiento, pese a que, según sostiene, no fueron entrevistados sus testigos ni se evaluó adecuadamente la evidencia que había sometido.

Otro de los episodios descritos en el recurso involucra un altercado con Dorhilmarie Molina Bruno, quien, según la versión de García Sostre, acudió agresivamente al tercer piso de las oficinas regionales, la sujetó por la camisa, se la rompió, le provocó un rasguño en el cuello y la amenazó.

La demandante sostiene que Molina Bruno también bloqueó con su vehículo la salida de su automóvil del estacionamiento.

El documento identifica a cinco personas como testigos del incidente y asegura que una cámara instalada en el vehículo de García Sostre grabó parte de lo ocurrido.

No obstante, según la demanda, minutos después del altercado, personal de La Fortaleza se comunicó con García Sostre porque la secretaria Roig había informado que era ella quien había provocado un incidente violento.

La demandante rechaza esa versión y sostiene que fue utilizada para justificar medidas administrativas en su contra.

El 8 de mayo de 2026, según el recurso, el funcionario de La Fortaleza Omar Masa ordenó colocarla en vacaciones forzadas, sin una investigación adecuada y a partir de información que la demandante atribuye a Roig.

García Sostre también acusa a Roig y a Vivian Martínez Ruiz de sostener falsamente que ella había agredido a Molina Bruno, sin corroborar las grabaciones que, según afirma, demostraban lo contrario.

Las alegaciones incluyen otro incidente que la demandante considera particularmente grave.

Entre el 11 y el 15 de mayo de 2026, mientras se encontraba bajo vacaciones forzadas, Pérez Molinari y Martínez Ruiz supuestamente entraron sin autorización a su oficina, con la aprobación de la secretaria Roig.

Según la demanda, durante esa intervención se cambiaron cerraduras para impedirle el acceso a las instalaciones, a pesar de que todavía ostentaba el cargo de directora regional.

El recurso también alega que se destruyeron documentos oficiales importantes de su oficina, aunque las páginas suministradas no permiten conocer el alcance completo de ese señalamiento.

La acción judicial invoca la Ley 90 sobre acoso laboral, la Ley 115 sobre represalias y la Ley 100 sobre discrimen, además de reclamar daños y perjuicios por presuntas violaciones de derechos civiles.

Las acusaciones colocan nuevamente bajo escrutinio la gestión de Roig al frente del Departamento de la Familia, agencia que también ha enfrentado cuestionamientos legislativos por procesos administrativos y contractuales, particularmente en torno a la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).

Sin embargo, los señalamientos contenidos en esta demanda constituyen alegaciones de la parte demandante que deberán ser evaluadas en el proceso judicial y no representan determinaciones de hechos probados.