Gobierno reclama 100 millones de dólares a New Fortress

El presidente de la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO), Osvaldo Carlo Linares, informó el lunes que el Gobierno elevó a unos 100 millones de dólares la reclamación contra New Fortress Energy por los costos adicionales de combustible incurridos cuando la compañía no suplió gas natural, mientras funcionarios del sistema energético sostuvieron que esos gastos todavía no han sido cargados a los consumidores.

“Hoy se está enmendando una de las demandas. La cantidad total que vamos a estar reclamando hasta el día de hoy de lo que es la deficiencia en el suplido de gas […] el estimado que se está haciendo para propósito de la radicación de hoy es de 100 millones de dólares”, dijo Carlo Linares durante una vista pública de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes.

El funcionario explicó que la reclamación incluye los distintos episodios en los que la falta de gas obligó a utilizar combustibles más costosos, principalmente diésel, cuyo precio describió como entre tres y cuatro veces mayor.

“En todo momento en que se ha fallado en traer el gas aquí a Puerto Rico y que le cuesta más al pueblo de Puerto Rico, todos esos incidentes forman parte de esta reclamación de los 100 millones de dólares”, sostuvo.

Carlo Linares indicó posteriormente que la cifra incorpora más de 30 millones de dólares correspondientes a los costos más recientes. La reclamación previa rondaba los 58 millones de dólares antes de incorporar nuevas deficiencias de suministro.

El presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico, Edison Avilés, mencionó que las órdenes emitidas por el organismo regulador no instruyeron a la Autoridad de Energía Eléctrica a dejar de pagarle a New Fortress. Según explicó, el propósito fue impedir que cantidades bajo controversia fueran trasladadas a la tarifa eléctrica mientras se dilucidaba quién debía asumirlas.

“Dejar en suspenso no significa ninguna instrucción de no pago”, expresó Avilés.

El funcionario explicó que el Negociado había mantenido fuera de la reconciliación aproximadamente 58 millones de dólares y posteriormente otros 17 millones de dólares mientras se examinaban las posibles reclamaciones contractuales.

“La pregunta que usted hace es ¿cómo nos aseguramos que ese dinero nunca pasa al consumidor? Porque recuerda que hasta el día de hoy no se le ha pasado al consumidor. Pues eso es sencillo, ganando el caso en los tribunales, demostrándole a los tribunales que la responsabilidad no es del gobierno de Puerto Rico, que es única y exclusivamente de New Fortress”, sostuvo Avilés.

De acuerdo con el presidente del Negociado, si el Gobierno prevalece en los tribunales y se determina que New Fortress es responsable bajo las cláusulas contractuales, esas cantidades no serían trasladadas posteriormente a los abonados.

Josué Colón Ortiz, zar de Energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, sostuvo que la administración entiende que no hubo una justificación válida para que el buque Amur River permaneciera fuera del terminal durante varias semanas.

“Entró con los términos que dieron los pilotos, con los dos remolcadores adicionales, que lo está pagando el proveedor de combustible. Esa era la controversia desde el primer momento. Por lo tanto, nada cambió desde el día uno, desde el 16 de septiembre”, expresó Colón Ortiz.

“Pasamos cuatro semanas en una disputa que al final el buque entró bajo las mismas condiciones que se habían iniciado”, añadió.

Colón Ortiz sostuvo que desde los primeros días de la controversia el Gobierno había solicitado al administrador del contrato activar los mecanismos disponibles para procurar la entrada de otro suplidor en caso de que New Fortress no pudiera entregar el combustible.

“Solicitarle al administrador del contrato que ejerciera sus facultades conforme a los términos que están en el contrato, para que asegurara que el gas entrara […] y si no había una justa causa para que ese buque entrara, que de inmediato activara los mecanismos que tiene el nuevo contrato […] para que entrara un tercero”, explicó.

El zar de Energía señaló además que funcionarios gubernamentales mantuvieron comunicaciones con abogados de New Fortress y de los prácticos del puerto e intervinieron en el proceso judicial relacionado con la entrada del buque.

A preguntas del representante Denis Márquez Lebrón, Colón Ortiz reconoció que New Fortress continuó exhibiendo una conducta que, a juicio del Gobierno, no se justificaba aun después de las modificaciones contractuales realizadas para reducir su exclusividad.

“Entendemos que no hay justificación alguna para las acciones que ha tenido New Fortress. Y por eso la instrucción al 3PPO es, por lo menos de nuestra parte, que utilice todos los mecanismos a su haber, legales, contractuales”, sostuvo.

Colón Ortiz dijo que entre las alternativas que deben permanecer disponibles está terminar la relación contractual si finalmente se determina que existe un patrón reiterado de incumplimiento.

Carlo Linares fue más lejos al evaluar la relación comercial con la empresa.

“New Fortress no ha sido un buen socio de negocio. Y esto no viene desde ahora, de estos incidentes”, afirmó.

Según el presidente de 3PPO, la compañía ha utilizado anteriormente la entrada de embarcaciones como elemento de presión durante controversias contractuales.

“Demuestra que ellos siempre han utilizado estas embarcaciones para obligar al gobierno de Puerto Rico, ya sea a aceptar términos de un contrato, o ya sea para incluso ver si pudieran modificar una orden que había emitido el PREP”, dijo.

El funcionario informó también que los acontecimientos recientes fueron referidos a la Fiscalía Federal, además de las acciones civiles que continúan ante el tribunal.

Parte de la controversia gira alrededor de una cláusula conocida como tolling agreement, incorporada al contrato vigente, que permite recurrir a un tercero cuando New Fortress no pueda entregar el gas.

Carlo Linares explicó que, bajo ese mecanismo, otro proveedor puede utilizar el terminal y la infraestructura de New Fortress mediante el pago correspondiente por las instalaciones.

“El contrato especifica que en cualquier momento que, por cualquier razón, ellos no puedan entregar gas, me refiero a New Fortress, pues está el derecho del pueblo de Puerto Rico de exigir que entre otra compañía”, expresó.

El Gobierno había identificado a Crowley como una compañía en posición de suministrar gas durante la controversia reciente, pero Carlo Linares sostuvo que New Fortress no completó el proceso necesario para permitir la entrada del tercero, lo que llevó el asunto al tribunal federal.

Aunque la vista judicial fue suspendida luego de que el Amur River finalmente entrara al terminal, 3PPO solicitó una sentencia declaratoria para establecer cómo deberá aplicarse la cláusula en futuros episodios de interrupción.

“Nuestra intención es que este caso que estamos llevando termine con una orden donde se especifique la forma y manera en que New Fortress tiene que cumplir con esa cláusula del contrato”, sostuvo Carlo Linares.

El funcionario añadió que el contrato establece un tope de 50 centavos por millón de BTU para el cargo relacionado con el uso del terminal por parte de otro suplidor, cifra que describió como consistente con el mercado estadounidense.

Durante la vista también surgieron interrogantes sobre la cantidad de gas que transportó el Amur River. El presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica, Fernando Osorio, indicó que la información disponible sobre el porcentaje de carga había sido suministrada por Genera PR.

Preguntado si normalmente las embarcaciones llegan con una capacidad reducida, Osorio contestó: “No, hasta el conocimiento que yo tengo, entran con su capacidad normal”.

Carlo Linares explicó que New Fortress solicitó permiso al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para realizar un dragado y señaló que, mientras ese trabajo no se lleve a cabo, el calado podría limitar la cantidad de combustible que puede transportar una embarcación de mayor tamaño.

Osorio indicó posteriormente que la Autoridad recibe de Genera la información sobre el gas entregado y las facturas correspondientes.

“Nosotros básicamente pagamos la factura según nosotros la recibimos y según se puede constatar”, expresó el funcionario.

Colón Ortiz aclaró que la cantidad de combustible descargada debe medirse mediante equipos instalados en la planta y que esos medidores tienen que estar calibrados para validar el volumen recibido.

La vista se celebró sin la comparecencia de New Fortress Energy. El presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura, José Hernández Concepción, informó que la compañía había excusado a la persona originalmente citada porque se encontraba en Nueva York, pero aseguró que se le requirió enviar representación local.

“A este momento New Fortress no ha llegado y nos indicaron que no van a llegar en el día de hoy”, dijo Hernández Concepción al iniciar la vista.

El legislador anunció que la comisión emitirá una nueva citación con apercibimiento de desacato para obligar a la compañía a comparecer en una próxima audiencia.

“Creo que la responsabilidad que tiene New Fortress con el pueblo de Puerto Rico es cero. Y si por mí fuera le cancelamos el contrato en el día de hoy”, afirmó Hernández Concepción.

La Comisión de Transportación e Infraestructura investiga bajo la Resolución de la Cámara 97 las operaciones, infraestructura, acuerdos, permisos y proyectos vinculados a New Fortress Energy en el muelle de San Juan.