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Hallan graves irregularidades en asistencia y doble empleo de funcionaria municipal
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Hallan graves irregularidades en asistencia y doble empleo de funcionaria municipal

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La contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, informó el martes que una investigación identificó irregularidades en los registros de asistencia de una trabajadora social del Municipio de Santa Isabel, quien también prestaba servicios a tiempo parcial para el Departamento de Educación.

“La falta de controles adecuados y de una supervisión efectiva propicia la comisión de errores e irregularidades en los registros de asistencia y puede resultar en pagos por servicios que no fueron rendidos”, concluyó la Oficina de la Contralora en el Informe de Investigación OC-27-37.

Según el informe, de 196 días laborables examinados entre septiembre de 2023 y junio de 2024, en 161 faltaba al menos uno de los cuatro registros de entrada y salida requeridos, mientras que en otros seis días no figuraba registro alguno de asistencia.

Los investigadores también identificaron 69 ocasiones en las que la empleada no registró su salida del Municipio, aunque sí aparecía una entrada en su empleo parcial con el Departamento de Educación.

El documento señala que la trabajadora social comenzó a prestar servicios en el Centro de Envejecientes de Santa Isabel el 16 de febrero de 2023 mediante un nombramiento irregular, con una jornada diaria de siete horas y media.

Posteriormente, el 19 de septiembre de 2023, suscribió un contrato con el Departamento de Educación para trabajar de lunes a jueves, entre las 2:45 de la tarde y las 5:45 de la tarde, por una remuneración de 30 dólares por hora.

La investigación, iniciada a raíz de una querella sobre posibles incumplimientos de jornada y ausencias frecuentes, también encontró conflictos de horario e informes de asistencia sin ajustes justificativos ni evidencia de revisión o aprobación supervisora entre febrero y junio de 2024.

De acuerdo con la Oficina de la Contralora, las situaciones identificadas son contrarias a las disposiciones de la Ley 107-2020, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, y al Reglamento de Personal Irregular del Municipio.

Los resultados fueron referidos al Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental, el alcalde de Santa Isabel y el presidente de la Legislatura Municipal para su evaluación, la adopción de medidas correctivas y la determinación de cualquier recobro de fondos que corresponda.

El informe OC-27-37 está disponible en el portal oficial de la Oficina de la Contralora, www.ocpr.pr.gov.

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