«Huele mal, huele a corrupción»: exjuez José Fusté cuestiona contratación de Power Expectations

«Huele mal, huele a corrupción», fue la contundente advertencia con la que el exjuez federal José Fusté analizó el escándalo en torno a la fallida contratación del consorcio Power Expectations, un proyecto de generación eléctrica temporal valorado en casi 6,000 millones de dólares.

Durante su participación en el programa Primer Round de Magic, el jurista expuso que esta controversia refleja una crisis más profunda en las instituciones del país, las cuales han ido cediendo terreno ante intereses económicos particulares en detrimento de la transparencia y la rendición de cuentas.

Para Fusté, la raíz del problema no se limita a un fallo puntual en el proceso de evaluación, sino a un desgaste paulatino en la firmeza con la que el gobierno y sus dependencias deben combatir la falta de ética en la administración pública.

«El problema principal que tenemos aquí en Puerto Rico, y eso yo lo he dicho antes, es un problema de que aquí se ha perdido la política institucional de cero tolerancia contra la corrupción. En Puerto Rico eso se ha ido al infierno, eso no existe. ¿Y qué está pasando? Que el billete, Don Dinero, que es un poderoso caballero, es el que domina. Y eso no puede ser así».

Al examinar cómo se gestó la transacción, el exjuez consideró inconcebible que un contrato de esta envergadura haya avanzado sin contar con las garantías financieras básicas ni con los expedientes requeridos para evaluar la solvencia y trayectoria de la empresa. En su opinión, la falta de controles y de la debida diligencia evidencia que las estructuras de fiscalización fueron pasadas por alto.

La gravedad de estas fallas administrativas resulta aún más crítica debido a la precaria situación económica en la que se encuentra la isla, donde cada dólar comprometido impacta directamente a la ciudadanía.

«Cuando tú tienes una economía tan grande como es aquella [la de EE. UU.], donde hay tanto y tanto dinero envuelto, se siente menos el efecto de esa corrupción. Y aquí se siente más porque aquí hay menos. Nosotros estamos quebrados en Puerto Rico; Puerto Rico está en quiebra, básicamente. Y si tú haces una cosa como esa aquí, el efecto es multiplicador mucho más allá de lo que pasaría en California o en Washington D. C. Esa es la realidad».

Respecto a la búsqueda de responsables, Fusté declinó señalar a figuras individuales de forma precipitada, pero fue enfático en que la obligación de rendir cuentas recae por igual sobre todas las entidades y consultores que intervinieron en la cadena de decisiones, desde quienes recomendaron la propuesta hasta quienes supervisaron o rubricaron el acuerdo.

Para el jurista, resulta inaceptable que no exista una explicación pública detallada sobre cómo se permitió que una propuesta con tantas deficiencias llegara a etapas tan avanzadas.

«Para mí, todos los que están envueltos en esto tienen mucho que explicar. Yo los pondría al mismo nivel a todos. Todo el mundo tiene que explicar lo que pasó aquí. Esto no puede ser un misterio. Aquí tiene que haber algo que es comprobable, que se pueda averiguar. Y todos las personas que tuvieron que ver con esto tienen una obligación sagrada con Puerto Rico de rendir cuentas adecuadamente».

Frente a las posturas defensivas que justifican que el daño fue evitado porque el contrato finalmente fue cancelado antes de desembolsar los fondos, el exjuez fue categórico al desestimar que la anulación otorgue inmunidad a los implicados. Fusté recalcó que el hallazgo oportuno de las irregularidades o la intervención tardía de las autoridades no eximen de posible responsabilidad penal o administrativa a quienes actuaron al margen de la ley durante el proceso.

«El hecho de que alguien descubriera algo y no se diera, eso no excluye a nadie de responsabilidad, a nadie. Y aquí puede haber actores inocentes y actores no inocentes, como en todo en la vida. Tú nunca sabes».

Asimismo, el exjuez remarcó la improbabilidad de que las negociaciones hayan ocurrido sin dejar un rastro documental minucioso. Sostuvo que en tratos institucionales de este nivel deben existir pruebas escritas e incluso registros audiovisuales o grabaciones de las reuniones que sostuvieron los implicados. Fusté enfatizó que la evidencia acumulada durante el proceso de negociación terminará saliendo a la luz pública para esclarecer las anomalías del caso.

«Tiene que haber, tiene que haber tanta correspondencia, tantas reuniones que tiene que estar hasta grabada por Zoom, por lo que sea, tanto papeleo… Es imposible, imposible que esto se quede así en el aire, uno dice una cosa, otro dice otra. Vamos al nitty-gritty a buscar qué es lo que hay ahí, porque hay algo raro, definitivamente lo hay».

Por último, ante la amenaza de la empresa de acudir a los tribunales civiles para reclamar por la cancelación, el exjuez estimó que un litigio de esa naturaleza podría tomar entre tres y cinco años en dilucidarse, lo que amenaza con paralizar la solución temporal que requiere la red eléctrica. Sin embargo, confió en que las investigaciones en el ámbito criminal avanzarán más rápido y terminarán desbrozando la verdad.

«El pleito civil se va a hacer sal y agua… En las manos del juez más hábil que exista y que más rápido pueda bregar con eso, tres, cuatro, cinco años fácilmente. Pero el aspecto criminal de todas estas cosas corre más rápido, debe correr más rápido procesalmente que lo civil».