JSF frena el alivio del IVU y le recuerda a Gobernadora compromisos que no ha cumplido

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) frenó anoche la intención de la gobernadora Jenniffer González Colón de suspender por dos meses el cobro del 6 % del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) estatal sobre alimentos preparados y refrescos carbonatados, entre otros. Pero su advertencia va mucho más allá de los $56.8 millones que el Gobierno dejaría de recaudar.

En una carta de cuatro páginas dirigida a la mandataria y a los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, la Junta cuestionó que la administración continúe anunciando medidas de alivio económico sin identificar primero cómo las financiará y, más aún, sin cumplir los compromisos de disciplina fiscal que asumió hace apenas cinco meses.

El organismo reconoce la necesidad de aliviar el bolsillo de los consumidores ante el aumento en los costos energéticos pero cuestiona es la manera en que el Gobierno pretende hacerlo. La Junta reveló que la propuesta, anunciada públicamente el viernes 23 de octubre, ni siquiera fue discutida durante una reunión celebrada con el Gobierno dos días antes.

Se trata, según el organismo, de la segunda ocasión este año en que la administración anuncia un alivio contributivo fuera del proceso presupuestario, sin haber evaluado previamente su impacto sobre las finanzas públicas.

“La cantidad en juego en esta propuesta no es el problema; es la práctica”, advirtió la Junta en la comunicación firmada por su director ejecutivo, Robert F. Mujica Jr.

La expresión resume el reclamo central del organismo y es que el Gobierno continúa recurriendo a decisiones contributivas aisladas sin demostrar que cuenta con una planificación fiscal que permita sostenerlas.

La Junta recordó que, hace menos de cinco meses, autorizó $554 millones en alivios contributivos para trabajadores y la clase media, bajo el entendido de que la administración impulsaría legislación para establecer un fondo de estabilización presupuestaria, un fondo de inversiones de capital y un plan financiero de cinco años.

Los alivios se concedieron, pero los compromisos no se materializaron.

La Asamblea Legislativa aprobó en junio los proyectos de la Cámara 1261 y 1262, aunque con enmiendas que no habían sido acordadas con la gobernadora. Las medidas quedaron sin su firma y posteriormente fueron presentadas nuevamente como los proyectos 1391 y 1392, que todavía no han avanzado.

“El alivio se entregó; las salvaguardas no”, sentenció el organismo.

La Junta sostuvo que Puerto Rico continúa sin un fondo de estabilización presupuestaria financiado y establecido por ley, sin un fondo dedicado a inversiones de capital y sin un requisito estatutario que obligue a mantener una planificación financiera de cinco años.

A juicio del ente fiscalizador, anunciar estas garantías sin convertirlas en ley envía un mensaje preocupante a los contribuyentes y a los mercados de capital: que Puerto Rico no ha logrado dejar atrás las prácticas que contribuyeron a su crisis fiscal.

Pero la carta también revela un cuadro de presiones presupuestarias que trasciende la controversia del IVU.

La Junta advirtió que los recaudos contributivos llevan cuatro años fiscales prácticamente estancados, mientras la economía se desacelera y los excedentes disponibles para financiar nuevas iniciativas se reducen.

En ese contexto, identificó legislación para aumentar beneficios de pensiones con un costo superior a $230 millones anuales, sin una fuente recurrente de financiamiento.

También reveló que la Oficina de Gerencia y Presupuesto tiene ante su consideración convenios colectivos que incluyen aumentos salariales cuyo costo combinado supera los $100 millones, igualmente sin fondos identificados.

El Departamento de Educación tampoco escapa del panorama. Según la comunicación, la agencia ha reconocido que no cuenta con recursos suficientes para cubrir sus obligaciones actuales, mientras siguen apareciendo deudas de años anteriores que no habían sido reportadas ni presupuestadas.

En la Policía, aunque los aumentos salariales fueron aprobados con fondos recurrentes, las horas extras continúan excediendo lo presupuestado sin que exista una fuente identificada para cubrir la diferencia.

A esto se suma otra advertencia: el nivel actual de financiamiento federal de Medicaid vence en el año fiscal 2028 y, según la Junta, el Gobierno todavía no cuenta con un plan de contingencia para enfrentar una posible insuficiencia de fondos.

El organismo utilizó estos ejemplos para insistir en que la situación fiscal del país no permite continuar anunciando gastos o reducciones de ingresos sin conocer de antemano sus consecuencias.

En cuanto al alivio del IVU, la Junta también cuestionó su efectividad para atender el problema que el propio Gobierno ha identificado como justificació que es el costo de la electricidad.

La suspensión del impuesto durante noviembre y diciembre, sostuvo, no reducirá las facturas eléctricas de los restaurantes ni resolverá los problemas de generación que mantienen elevados los costos de energía en Puerto Rico.

Para el organismo, la solución requiere incorporar generación eléctrica más económica, desarrollar los proyectos de energía renovable que permanecen detenidos y avanzar en alternativas de generación mediante gas natural.

La Junta insistió, además, en que los alivios temporales no pueden sustituir una reforma contributiva integral que simplifique el sistema, promueva mayor equidad y contribuya al crecimiento económico.

Mientras tanto, el Departamento de Hacienda sometió el martes 27 de octubre el borrador de la determinación administrativa que permitiría suspender el IVU, para evaluación bajo la sección 204(b)(4) de la Ley PROMESA.

Sin embargo, la Junta confirmó que el documento no identifica de dónde saldrán los fondos para compensar los $56.8 millones en recaudos que se perderían.

El organismo aclaró que no descarta aprobar la medida, pero exigió que se identifique una fuente no recurrente de financiamiento, se demuestre su compatibilidad con el presupuesto certificado y se evalúe su impacto durante un periodo de cinco años.

Hasta que esa revisión concluya, advirtió, la suspensión no debe entrar en vigor.

Esto coloca en entredicho la fecha del próximo domingo, 1 de noviembre, anunciada por la administración para comenzar a aplicar el alivio contributivo.

La comunicación concluye con una advertencia que coloca la controversia en un contexto mucho más amplio que el precio de una comida preparada o el alivio de unos meses.

“La práctica de anunciar primero alivios y gastos e identificar el financiamiento después, sin un plan financiero equilibrado de cinco años, es la práctica que llevó a Puerto Rico no a la prosperidad, sino a la quiebra”, sostuvo la Junta.

El organismo reclamó a la gobernadora y a la Legislatura aprobar las medidas fiscales pendientes, identificar cómo se financiaría la suspensión del IVU y comenzar una discusión seria sobre una reforma contributiva integral.