Junta Fiscal frena plan de aumentos salariales de $58 millones para empleados de Educación

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió al Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) que no debe implementar su propuesto Plan de Clasificación y Retribución para empleados no docentes del servicio de carrera, cuyo costo anual se estima en aproximadamente $58 millones, hasta que las autoridades gubernamentales demuestren que cuentan con los recursos necesarios para sostenerlo.

En una carta fechada el 3 de noviembre de 2026, dirigida al secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, y al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, el director ejecutivo de la Junta, Robert F. Mujica Jr., señaló que la propuesta fue sometida sin una certificación de disponibilidad de fondos ni un análisis fiscal que identificara las fuentes de financiamiento.

Según el documento, el costo estimado incluye los salarios y beneficios marginales de los empleados que resultarían cobijados por el nuevo esquema de clasificación y compensación.

«Un compromiso de esta magnitud no puede evaluarse sin documentación que confirme la disponibilidad de suficientes recursos recurrentes para financiarlo», establece la comunicación.

La Junta subrayó que los aumentos salariales representan obligaciones permanentes que deben sostenerse durante los próximos años fiscales, por lo que no basta con identificar recursos disponibles para un solo ejercicio presupuestario.

En consecuencia, exigió al Departamento de Educación una certificación que detalle las fuentes de financiamiento, la cantidad que aportaría cada una y la proporción correspondiente a fondos estatales y federales.

En el caso de los recursos federales, el organismo requirió identificar los programas específicos que permitirían sufragar los aumentos, demostrar que esos gastos son elegibles y precisar durante cuánto tiempo estarían disponibles los fondos.

La Junta también cuestionó el papel desempeñado por la OGP al remitir la propuesta sin un análisis fiscal propio.

«Las responsabilidades de la OGP van más allá de presentar el Plan de Clasificación y Retribución Propuesto a la Junta de Supervisión para su revisión y aprobación», puntualizó.

El organismo reclamó que la OGP valide el impacto anual estimado de $58 millones, examine las premisas salariales y los beneficios marginales, y presente proyecciones del costo de la medida para cada año fiscal entre 2027 y 2032.

Además, deberá identificar los recursos recurrentes que permitirían financiar el plan durante ese período y explicar cómo se integraría el compromiso económico a la planificación presupuestaria del Gobierno.