La empresa Coccoloba demanda a la secretaria de la Familia y otros por $2.5 millones

La empresa Coccoloba demandó este viernes por $2.5 millones a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, a la firma LAP Consulting Group y a los integrantes del comité que evaluó las propuestas del contrato de NOLA Education.

La demanda, radicada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, es por daños y perjuicios por culpa o negligencia, libelo y calumnia, violación del derecho constitucional a la honra y a la reputación, sentencia declaratoria e injunction permanente.

Según la demanda, Coccoloba AgroEnvironmental LLC declinó cortésmente participar en un proceso de Solicitud de Propuesta por Invitación del Departamento de la Familia, por conducto de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).

Sin embargo, alega que los demandados convirtieron "sin el conocimiento ni la autorización de la parte demandante" ese correo electrónico en una supuesta "propuesta", que luego evaluaron, puntuaron, rechazaron y, finalmente, exhibieron públicamente ante el Senado de Puerto Rico y ante la prensa.

Cuando la parte demandante aclaró públicamente y bajo juramento que nunca sometió propuesta alguna, la secretaria de la Familia, declaró en entrevista radial (WKAQ 580 AM, 8 de octubre de 2026) que tenía "la evidencia de todo lo contrario", que la sometería "en los foros correspondientes".

La demanda continúa que Roig Fuertes también insinuó ante la prensa escrita (Metro Puerto Rico, 9 de octubre de 2026) que la empresa actuaba por un "interés" oculto que "levanta suspicacia".

"Esas expresiones son falsas, fueron hechas con conocimiento de su falsedad o con grave menosprecio de la verdad, y han causado daños graves a la reputación comercial de Coccoloba y a la reputación profesional y la tranquilidad del agrónomo Christian W. Torres Santana", subraya el texto.

Por ello, la parte demandante reclama la reparación de esos daños, que estima en una suma no menor de $2,500,000.00, y, además, una sentencia que declare que Coccoloba no sometió propuesta ni participó en el proceso de contratación.

También pide que la sentencia ordene la corrección del expediente administrativo, su notificación a las entidades que lo recibieron y una rectificación pública con la misma prominencia con que se divulgaron las afirmaciones sobre Coccoloba.

El contrato de $38.5 millones en fondos federales adjudicado a NOLA Education es investigado por el Senado, el Departamento de Justicia y agencias federales, luego de que la exadministradora de la ADSEF, Blanca Medina Díaz, denunciara que Roig Fuertes la presionó para firmar el contrato.

Hace dos días, la secretaria de la Familia expresó que acoge la investigación que el Departamento de Justicia lleva a cabo, pero negó que hubiera contrato, petición de fondos o desembolso a favor de NOLA Education. EFE

mv