Madre de menor de Loíza demanda por $800,000 tras controversia política

La controversia por la participación de cuatro estudiantes de Loíza en una actividad política del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Camuy llegó hoy a los tribunales con una demanda por al menos $800,000 en daños y perjuicios, presentada por la madre de uno de los menores involucrados.

La acción judicial, radicada por Wildelia Rivera Rivera ante el Tribunal de Primera Instancia de Carolina, sostiene que su hijo de 16 años fue víctima de una campaña de insinuaciones sexuales, publicaciones difamatorias y ataques que terminaron convirtiéndolo en objeto de burlas y hostigamiento escolar.

“Nunca buscó que hablaran de él. Hoy, en los pasillos de su escuela, lo señalan con insultos homofóbicos por algo que nunca ocurrió”, establece la demanda en su introducción.

El recurso identifica al comentarista Ray Cruz Santiago y al presidente de la Legislatura Municipal de Loíza, Joel A. Osorio Chiclana, como demandados, e incluye señalamientos y una causa de acción contra la alcaldesa Julia Nazario Fuentes.

“Unos buscaban golpear a un adversario político; el otro, audiencia”, plantea el documento.

La demanda afirma que Rivera Rivera autorizó verbalmente la participación de su hijo en la actividad del 14 de octubre y que permaneció en comunicación con él durante la jornada.

También rechaza las insinuaciones sobre la existencia de comunicaciones de contenido sexual entre el senador Héctor Joaquín Sánchez y los estudiantes.

En particular, atribuye a Osorio Chiclana expresiones realizadas fuera del aire, luego de una participación en Jugando Pelota Dura, sobre un supuesto intercambio de mensajes entre el legislador y los adolescentes.

“Chat que nunca existió”, sostiene categóricamente la parte demandante.

En cuanto a Cruz Santiago, el recurso cuestiona publicaciones en las que presuntamente divulgó fotografías e información que permitía identificar a los estudiantes, además de expresiones que, según la demanda, provocaron inferencias de índole sexual.

“Ningún interés periodístico legítimo requería identificar a los menores”, argumenta el documento.

La demanda también atribuye a la alcaldesa Nazario Fuentes expresiones relacionadas con un supuesto adoctrinamiento político de los estudiantes, sin haber consultado previamente a la madre demandante.

El recurso describe consecuencias emocionales y sociales para el adolescente, entre ellas ansiedad, vergüenza, aislamiento, dificultades para dormir y temor de asistir a la escuela.

Según la demanda, el propio menor ha manifestado que desea que “este chisme termine ya”.

La representación legal resume el impacto de la controversia en una de las expresiones más contundentes del documento:

“A.L.R.R. es, en el sentido más literal, una baja colateral (casualty) de una guerra político-partidista ajena”.

La acción judicial solicita $650,000 por los daños atribuidos al menor y otros $150,000 por las angustias mentales y daños propios de su madre. También reclama honorarios de abogado, costas y la eventual remoción de publicaciones que sean adjudicadas como difamatorias.

Las alegaciones contenidas en el recurso no han sido adjudicadas por el tribunal y el documento suministrado no incluye las posiciones de las personas señaladas.