PPD exige respuestas sobre contrato energético de $6,000 millones
El Partido Popular Democrático (PPD) respaldó hoy al comisionado residente Pablo José Hernández, luego de que cuatro legisladores de mayor rango del Congreso de Estados Unidos se unieran a la exigencia de respuestas sobre el contrato de casi $6,000 millones para generar energía de emergencia en Puerto Rico.
La senadora Elizabeth Warren, el senador Martin Heinrich, el representante Jared Huffman y el representante Robert García firmaron esta semana, junto al comisionado residente, una carta que exige documentos y explicaciones al zar de Energía, Josué Colón Ortiz; al presidente de la Oficina de Compras de Terceros, Osvaldo Carlo Linares; y a la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, Mary C. Zapata Acosta. Les dieron hasta el 9 de septiembre para responder.
La carta busca que el gobierno explique quién autorizó una firma que la empresa Enchanted Rock niega haber dado, y por qué pasaron casi ocho semanas antes de referir el caso a las autoridades. La Junta de Supervisión Fiscal ya canceló el contrato por estas irregularidades, y Puerto Rico se quedó sin la energía temporera que necesitaba en pleno verano.
«Esto confirma lo que hemos dicho desde el principio: la corrupción en el gobierno es un mal limita el que las cosas básicas funcionen, como la luz y el agual», expresó Manuel Calderón Cerame, secretario general del PPD. «El PPD respalda a Pablo José hasta que haya consecuencias contra los que le fallen a Puerto Rico. Que senadores federales exijan respuestas confirma la gravedad del caso», sostuvo Luis Javier Hernández, portavoz del Senado por el PPD. «En el Senado de Puerto Rico también tenemos que investigar quién firmó y quién se quedó callado.»
«El 9 de septiembre el gobierno tiene que responder», advirtió Héctor Ferrer Santiago, portavoz de la Cámara por el PPD. «Si no lo hace, la Cámara de Representantes de Puerto Rico debe exigir las mismas respuestas.» El PPD reiteró su respaldo a la fiscalización que lidera el comisionado residente en Washington y su compromiso de exigir, también en Puerto Rico, que cualquier funcionario responsable de este escándalo rinda cuentas.
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