Presidenta de LUMA reclama investigar alegados intentos de influir en jueces del Supremo

La presidenta de LUMA Energy, Janisse Quiñones reaccionó el miércoles con preocupación ante los señalamientos públicos sobre alegados intentos de influir en las decisiones de jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico y reclamó una investigación “inmediata, rigurosa y transparente”, para esclarecer los hechos.

“Confiamos plenamente en la integridad del Tribunal Supremo y en que sus decisiones se fundamentarán exclusivamente en la ley y en los méritos de los casos ante su consideración, libres de presiones externas o intereses políticos”, expresó la ejecutiva.

Quiñones sostuvo que, dada la gravedad de las alegaciones, es indispensable determinar de forma transparente y creíble si los hechos descritos ocurrieron

“Nuestra preocupación no está dirigida a los jueces ni cuestiona a la institución” afirmó la CEO de LUMA. Según explicó, la inquietud surge de la seriedad de unas alegaciones que, de confirmarse, podrían afectar la confianza pública en la independencia del sistema judicial.

La también ingeniera aclaró que la empresa no solicita un trato especial ni pretende favorecer un resultado concreto en la controversia que mantiene ante el Tribunal Supremo. Indicó que la posición de la compañía se presenta y se defiende mediante los mecanismos establecidos por ley.

“Ese es el único foro donde debe resolverse esta controversia”, señaló, al insistir en que el proceso judicial debe mantenerse al margen de presiones externas e intereses políticos.

Quiñones afirmó que el asunto trasciende el litigio relacionado con LUMA, ya que la confianza en la imparcialidad de las instituciones constituye un elemento esencial de una sociedad democrática.

En ese sentido, destacó que las empresas que deciden invertir, crear empleo y desarrollar proyectos en Puerto Rico lo hacen con la expectativa de que las controversias se resolverán mediante procesos justos, independientes y confiables. A su juicio, la credibilidad institucional resulta determinante para el progreso y la estabilidad del país.

Por respeto al Tribunal Supremo, a las partes involucradas y al pueblo de Puerto Rico, la ejecutiva insistió en la necesidad de investigar a fondo los señalamientos y de esclarecer la verdad.

“Los puertorriqueños merecen conocer la verdad y tener la certeza de que ninguna persona, organización o interés político está por encima de la ley. Lo que está en juego no es un caso en particular, sino la confianza de nuestro pueblo en la imparcialidad de la justicia y en la fortaleza de las instituciones que sostienen nuestra democracia. Cuando surgen dudas de esta magnitud, la única respuesta aceptable es la verdad”, concluyó.