Reforma de permisos bajo fuego: su aprobación se decidirá el martes

Los senadores pusieron el grito en el cielo tras tener bajo su consideración la aprobación del proyecto sustitutivo de la Reforma de Permisos.

El Sustitutivo al Proyecto del Senado 1173 y al Proyecto del Senado 1183 se sometió sorpresivamente al pleno para su aval ayer, jueves. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, es el autor de la extensa medida que unifica poderes convirtiendo un nuevo «Zar de los Permisos», según así lo describen los senadores de la oposición.

El documento sustitutivo insiste que ambas medidas promueven transparencia y fiscalización sin desatender la protección de los recursos naturales, el ordenamiento territorial, la seguridad pública, el patrimonio histórico y arqueológico , ni el derecho al disfrute de la propiedad privada.

Sin embargo, el careo en el pleno del Senado se intensificó por parte de varios senadores en el que concluyeron que el proyecto laceraba protecciones ambientales y unificaba poderes en el Gobierno.

Este Sustitutivo se le entregó en las manos a los senadores con un documento adicional en el que según los senadores, no estaban claros si eran enmiendas nuevas o algún error de texto por parte de la Comisión que trabajó la medida. Según la Secretaría del Senado, hubo una situación en Comisión en la que tuvieron que realizar una aclaración en el trámite legislativo. Esto provocó una fuerte tensión en el hemiciclo entre los senadores de la minoría y Rivera Schatz.

A pesar de que quien cuestionó y describió estos cambios internos como algo fuera del reglamento legislativo fue el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández, no fue hasta que el senador Adrián González Costa enfrentó al líder senatorial como una cuestión de orden, que el hemiciclo se transformó en un «tira y jala».

«¿En qué consiste la cuestión de orden? Ustedes hablan de enmiendas y aquí no se ha presentado ninguna enmienda, no se ha aprobado ni tan siquiera el informe. ¡De qué ustedes están hablando! No se ha atendido», cuestionó el líder senatorial.

«Como no presidente, pues Secretaria como él no sabe de lo que estamos hablando…», reacciona González Costa .

Acto seguido, Rivera Schatz interrumpe al senador del PIP. «¡Usted está fuera de orden! El que no sabe es usted. Usted no ha dicho en qué consiste la cuestión de orden. ¡No ha lugar! Haga una cosa y llévelo a los tribunales».

«Yo lo llevo donde me dé la gana», le sale el paso González Costa.

«Le voy advertir algo: tenga cuidado porque además de un Reglamento hay un Código de Ética, ¡tenga cuidado porque a usted se le ha atendido con respeto!», denunció Rivera Schatz.

Los ánimos comenzaron a caldearse. Los senadores de la oposición se mostraban molestos de evaluar sorpresivamente un sustitutivo que sobrepasa las 100 páginas.

La senadora María de Lourdes Santiago, fue la primera en denunciar las enmiendas que ponen en un hilo la vida, por ejemplo, de la autonomía del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

«En la práctica se trata de un pésimo ejercicio de política pública que insiste en establecer como norte absoluto de la planificación de un país, el valor de la propiedad privada y de la iniciativa individual de ciertos intereses económicos por encima del interés público. Lejos de establecer criterios firmes, es una medida que propone el que quienes tengan ciertos privilegios dispongan de la posibilidad de alterar a su antojo normas de planificación, de calificación, criterios para la concesión de permisos», expresó la senadora.

«El mejor ejemplo probablemente está en la definición que han creado de proyectos de impacto socioeconómico prioritario, una  clasificación privilegiada, que pone en manos de tres de las entidades más desprestigiadas de Puerto Rico decidir qué le aplica a quién. La Junta de Control Fiscal, el Negociado de Energía y Jennifer González como gobernadora. Esas son las personas que van a tener la capacidad de determinar a quiénes le  aplican algunas de las disposiciones contenidas en este sustitutivo. Pero más  aún, a pesar de que durante la discusión de la medida se prometió que no se crearía una super agencia, que hay que añadir, va a necesitar unos  recursos presupuestarios que no se han documentado, pero a pesar de que se había prometido que no se crearía esta gran agencia del Departamento de Desarrollo Económico con poderes ampliados, la realidad es que se crea en la figura del  secretario del DDEC el Zar de los Permisos, como si no hubiéramos tenido suficiente con la experiencia del Zar de la Energía bajo investigación actualmente de la Cámara de Representantes», agregó.

Mientras, el senador y ex alcalde popular, Josian Santiago, solicitó que los proyectos tuvieran espacio para ser evaluados con más tiempo.

«Estamos hablando de redefinir las responsabilidades del Estado, las facultades de nuestros municipios, la participación ciudadana y las reglas que regirán el desarrollo económico y territorial de Puerto Rico durante las próximas décadas.Y precisamente por esa importancia tenemos que preguntarnos por qué en este  momento, por qué una legislación de esta magnitud, cuyo sustitutivo y su informe positivo fueron radicados apenas ayer, tendría que considerarse hoy sin conceder a los senadores el tiempo razonable para examinar integralmente sus disposiciones y consecuencias. ¿Por qué convertir una reforma que debería representar un ejercicio de consenso, de responsabilidad y visión de país en otro  proceso legislativo marcado por la premura? Incluso nadie puede cuestionar razonablemente la necesidad de transformar el sistema de permisos de Puerto Rico. Conocemos todas las dificultades que enfrentan los comerciantes, los pequeños  empresarios, los desarrolladores, los profesionales y los ciudadanos que  necesitan una autorización gubernamental», indicó.

Por su parte, el senador independiente, Eliezer Molina, también tomó un turno para irse en contra de la medida creada por Rivera Schatz.

«Me parece que hay ciertas cosas que se pueden integrar, modificaciones que se pueden hacer y así evitar tener un problema a futuro y no muy lejano porque lo podemos ver. Entonces, no es que yo no crea en los funcionarios públicos, pero otorgar todo el poder para que venga ahora el Zar de los Permisos y un  individuo como Francisco Domenech le diga a la gobernadora, eres tú, pues mire lo que está pasando con Suzanne Roig, imagínese que caiga una Roig en el Zar de los Permisos, lloro», señaló Molina.

La medida obtuvo enmiendas en sala y se estará considerando su aprobación el próximo martes.

«Nadie tiene prisa de aprobar el proyecto. Ni hay prisa, ni hay nada oculto, ni hay ninguna violación al reglamento…El récord está claro y transparente. El próximo martes atenderemos la medida», anunció el líder senatorial.

Algunas de las enmiendas propuestas propone una transformación del sistema de permisos de Puerto Rico eliminando el Permiso Único para solicitudes futuras, agilizaría los trámites de construcción y ampliaría la fiscalización posterior de las actividades autorizadas.

Según el informe positivo de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, el Permiso Único sería reemplazado por un Registro de Uso. Mediante este mecanismo, el titular presentaría una declaración electrónica y podría comenzar a operar ese mismo día, sujeto a fiscalización posterior y a los límites de intensidad permitidos para la propiedad.

La medida también establecería un Permiso de Construcción Consolidado que integraría autorizaciones de construcción, demolición, urbanización, corte y poda de árboles y extracción incidental. Además, introduciría una escala de diez niveles de intensidad para evaluar los usos residenciales, comerciales e industriales.

Entre los cambios figura además la validación de solicitudes en cinco días laborables y la adjudicación de trámites ministeriales certificados en dos días laborables. Para asuntos discrecionales, se contemplan términos de 120 o 180 días. El incumplimiento de los plazos activaría mecanismos que, según el procedimiento, incluirían la expedición automática o la intervención de la Junta de Revisiones Administrativas.

En el componente ambiental, el informe describe un modelo en el que las obras calificarían automáticamente como exclusiones categóricas, salvo escenarios de riesgo definidos, entre ellos humedales, zonas inundables, el Carso y la zona marítimo-terrestre. Los permisos ambientales pasarían a la Oficina Central de Permisos, mientras el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales asumiría funciones fiscalizadoras.

El sustitutivo conservaría, con modificaciones, la ley orgánica de la Junta de Planificación, reconocería expresamente la autonomía municipal y establecería multas de hasta $50,000 por infracción, con penalidades adicionales ante conductas obstinadas o en rebeldía.

La reforma de permisos había sido impulsada desde el inicio por la gobernadora Jenniffer González Colón pero tomó un nuevo rumbo con la radicación de este proyecto sustitutivo que integra su propuesta con la del Rivera Schatz, en medio de cuestionamientos sobre la autonomía municipal, la protección ambiental y la participación ciudadana.

Durante la previa evaluación legislativa, representantes municipales advirtieron que las propuestas originales podían limitar sus facultades de planificación y trasladar competencias al gobierno central. En respuesta, el sustitutivo incorpora un reconocimiento expreso de la autonomía municipal y conserva, con modificaciones, la ley orgánica de la Junta de Planificación, cuya derogación se contemplaba inicialmente. 

Sin embargo, persisten reclamos sobre el proceso. Más de 60 organizaciones, especialistas y ciudadanos habían solicitaron acceso al borrador y nuevas vistas públicas, tras denunciar que determinados sectores privados pudieron examinarlo antes de su presentación oficial.