Senadora Pérez Soto busca eliminar «zonas grises» en la investigación de crímenes en prisión

¿Quién asume la responsabilidad y bajo qué procedimiento se investiga un delito cometido dentro de una institución correccional en Puerto Rico? Esa es una de las interrogantes que busca atender la senadora por el Distrito de Arecibo, Brenda Pérez Soto, mediante una medida que exige al Negociado de la Policía de Puerto Rico y al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) cumplir con un mandato establecido desde hace 15 años.

La senadora presentó la Resolución Conjunta del Senado 206, que ordena a ambas agencias elaborar, adoptar e implementar el protocolo conjunto dispuesto en el Artículo 59 del Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011. Dicho artículo establece que Policía y Corrección deben acordar cómo intervendrán e investigarán los delitos y faltas que ocurran dentro de las instituciones correccionales.

“Han transcurrido 15 años desde que se estableció este mandato. Cuando hablamos de delitos dentro de nuestras cárceles podemos estar hablando de sustancias controladas, armas, explosivos y hasta crimen organizado. Ante situaciones de esta naturaleza no puede existir espacio para dudas sobre quién investiga, quién interviene, cuál agencia tiene determinada responsabilidad o cómo se comparte la información. Lo que estamos exigiendo es claridad, coordinación y cumplimiento con la ley”, expresó Pérez Soto.

El Artículo 59 autoriza a los oficiales de custodia, dentro de los límites de las instituciones correccionales o centros de detención, a realizar investigaciones criminales relacionadas con delitos contemplados en el Código Penal y las leyes sobre sustancias controladas, armas, explosivos y crimen organizado. A su vez, dispone expresamente que la Policía y el secretario de Corrección establecerán conjuntamente un protocolo para los acuerdos de intervención e investigación.

La exposición de motivos de la R. C. del S. 206 advierte sobre la “ausencia de uniformidad, claridad o evidencia pública sobre la implementación” de dicho protocolo y plantea que esta situación puede afectar la capacidad del Gobierno para responder de forma ágil, coordinada y efectiva ante incidentes que ocurran dentro de las cárceles.

“Aquí hay una pregunta sencilla que las agencias tienen que poder contestarle al país: ¿cuál es el protocolo vigente para investigar un crimen dentro de una cárcel y cómo se está implementando? Si existe y está funcionando, queremos conocerlo. Si requiere actualizarse, que se actualice. Y si el mandato establecido desde 2011 no se ha cumplido cabalmente, entonces corresponde cumplirlo. Estamos hablando de seguridad pública y no podemos permitir zonas grises en las responsabilidades de las agencias”, sostuvo la senadora.

La medida establece que el protocolo deberá delimitar los mecanismos de coordinación entre ambas agencias, la jurisdicción y responsabilidad de cada entidad, los procedimientos de intervención ante incidentes en instituciones correccionales, los procesos de investigación criminal y los canales para la comunicación y el manejo de información.

Pérez Soto destacó que la iniciativa no pretende crear una nueva responsabilidad para las agencias, sino hacer cumplir una disposición que forma parte del ordenamiento vigente. De hecho, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), al evaluar una medida anterior dirigida al mismo mandato legal, concluyó que esta obligación no representa impacto fiscal adicional, precisamente porque requiere el cumplimiento de disposiciones existentes y no la creación de nuevos programas o asignaciones presupuestarias.

“No estamos solicitando crear otra estructura gubernamental ni gastar millones de dólares. Estamos requiriendo que dos componentes fundamentales de nuestro sistema de seguridad pública tengan claramente establecido cómo van a trabajar juntos cuando ocurre un delito detrás de los muros de una institución correccional”, añadió Pérez Soto.

La R. C. del S. 206 dispone además que, una vez aprobada, el Negociado de la Policía y el Departamento de Corrección y Rehabilitación tendrán un término máximo de 90 días para presentar ante la Asamblea Legislativa un informe detallado sobre su cumplimiento, acompañado de una copia del protocolo adoptado. También deberán aprobar cualquier reglamento, orden administrativa o directriz necesaria para hacerlo efectivo.

La legisladora señaló que el objetivo final es evitar vacíos o duplicidad de funciones durante una investigación criminal y fortalecer tanto la seguridad de los confinados y empleados correccionales como la capacidad del Estado para investigar y procesar actividad delictiva originada dentro de las instituciones penales.

“Una cárcel no puede convertirse en un espacio donde la coordinación investigativa sea menos rigurosa por el simple hecho de que el delito ocurrió detrás de sus paredes. Todo lo contrario. Allí también tiene que quedar absolutamente claro quién interviene, quién investiga y quién responde. Quince años son suficientes para que ese mandato tenga una respuesta clara y verificable”, concluyó Pérez Soto.