Suzanne Roig dijo que no ha recibido notificación formal de demanda

La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, dijo el miércoles que todavía no ha sido emplazada oficialmente por una demanda presentada por la exdirectora regional de la agencia en Arecibo, Blanca Rosa García Sostre, quien reclama 1.35 millones de dólares por alegado hostigamiento laboral, represalias, discrimen y daños.

“Este asunto será atendido conforme a los procedimientos establecidos. Al momento, no hemos sido emplazados oficialmente en relación con la alegada demanda”, dijo Roig Fuertes en declaraciones escritas.

La funcionaria sostuvo que los hechos relacionados con el caso ya habían sido examinados mediante los procedimientos internos de la agencia.

“No obstante, es importante señalar que los hechos relacionados con este caso fueron investigados previamente mediante los mecanismos administrativos aplicables a cualquier empleado de la agencia, en cumplimiento con los manuales, las disposiciones legales y los procedimientos correspondientes”, expresó.

La demanda fue presentada el martes ante el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo contra Roig Fuertes, otras tres funcionarias del Departamento de la Familia, el Estado y la propia agencia.

Además de la secretaria, figuran como codemandadas Lynette Pérez Molinari, Sofía Benítez Rodríguez y Vivian Martínez Ruiz.

Según las alegaciones del recurso, García Sostre sostiene que entre 2025 y junio de 2026 fue objeto de un patrón de hostigamiento laboral, persecución, maltrato verbal y psicológico, represalias, difamación y reducción de funciones mientras ocupaba la dirección regional de Arecibo.

La exfuncionaria alega además discrimen relacionado con su orientación sexual real o percibida y sostiene que fue objeto de comentarios y acciones dirigidas a menoscabar su desempeño profesional.

Entre las alegaciones dirigidas específicamente contra Roig Fuertes, la demanda sostiene que la secretaria presuntamente llamó a García Sostre “bruta” y “mentirosa”, cuestionó su capacidad profesional y amenazó con removerla del puesto. Esas alegaciones no han sido adjudicadas por un tribunal.

Según el recurso, García Sostre había presentado el 1 de julio de 2025 una querella interna contra Pérez Molinari por alegada persecución y comentarios relacionados con su orientación sexual.

La demandante cuestiona la manera en que Familia atendió ese proceso administrativo y sostiene que la investigación terminó atribuyéndole a ella conducta de hostigamiento sin que se entrevistara a todos los testigos que había identificado.

El pleito también hace referencia a una alegada suplantación de identidad vinculada con una llamada al Tribunal de Utuado en febrero de 2026 y a un incidente con otra empleada ocurrido meses después.

García Sostre sostiene que posteriormente fue colocada en vacaciones forzadas, que se entró a su oficina mientras permanecía fuera y que se cambiaron las cerraduras antes de su eventual remoción de la dirección regional.

La reclamación económica asciende a 1.35 millones de dólares por alegados daños, angustias mentales, perjuicio profesional y pérdidas económicas. Según la demanda, se reclaman 150,000 dólares contra el Estado y el Departamento de la Familia y 300,000 dólares contra cada una de las cuatro funcionarias demandadas.

Roig Fuertes indicó que no ofrecerá comentarios adicionales sobre las alegaciones debido a que el asunto se encuentra ante consideración judicial.

“Estas son las únicas declaraciones públicas que realizaré sobre este tema, que se encuentra ‘sub júdice’, por lo que el resto de las expresiones se realizarán en los foros correspondientes”, sostuvo.