Suzanne Roig no ha radicado querella ante la Policía por las alegadas amenazas de Blanca Medina

La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, no ha radicado una querella formal ante la Policía de Puerto Rico relacionada con las alegadas amenazas de agresión que atribuye a la destituida administradora de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Blanca Medina.

La confirmación fue obtenida por Prensa Abierta como parte de una indagación dirigida a conocer si Roig había solicitado algún tipo de escolta o protección policiaca ante las alegadas amenazas que ha denunciado públicamente.

Roig alegó que Medina ha emitido amenazas de agresión física en su contra y aseguró que, como medida de precaución, modificó sus rutinas y reforzó sus medidas de seguridad. La secretaria también reveló que abandonó temporalmente su residencia y se trasladó a casa de sus padres ante el temor por su seguridad y la de su familia.

“Esta señora se ha atrevido a emitir amenazas en mi contra, de golpearme, halarme por los pelos y agredirme… En este momento, he tomado medidas de seguridad y protección. No estoy en mi casa; estoy en casa de mis papás. He cambiado mis rutinas y he realizado otros cambios junto con mi familia y personas que me quieren bien”, sostuvo Roig durante una entrevista radial en WKAQ 580.

La funcionaria también indicó que bloqueó a Medina de sus vías de comunicación directa y que evalúa posibles acciones legales relacionadas con la situación.

Sin embargo, al momento de esta publicación, la Policía confirmó a Prensa Abierta que no existe una querella formal presentada por Roig sobre las alegadas amenazas.

Las alegaciones ocurren en medio de la controversia generada tras la salida de Medina de ADSEF. La exadministradora sostuvo que fue presionada para firmar un contrato de aproximadamente $38 millones relacionado con el proyecto Star Academy y fondos federales del programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF).

Roig ha rechazado esos señalamientos y ha asegurado que el contrato era legal y que su firma no era necesaria para que el acuerdo pudiera concretarse.

Las alegaciones de Medina sobre el contrato fueron referidas al Departamento de Justicia y a la Oficina del Inspector General para su evaluación.

Mientras tanto, la controversia sobre las alegadas amenazas permanece en el ámbito de las declaraciones públicas. Según confirmó la Policía a Prensa Abierta, hasta el momento Roig no ha presentado una querella formal ni se ha confirmado que haya solicitado una escolta policiaca relacionada con este asunto.