Asociación de Industriales se pone del lado de LUMA y pide al Supremo validar la extensión de su contrato

La Asociación de Industriales le solicitó al Tribunal Supremo que mantuviera en vigencia la extensión del contrato otorgada a LUMA Energy por entender que no constituyó una modificación contractual.

La disputa se da en medio de que el Gobierno y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (P3) busquen declarar nula la extensión del contrato de operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución eléctrica.

En el Alegato Consolidado de la Parte Recurrida, LUMA sostuvo que la extensión suscrita el 30 de noviembre de 2022 fue válida, vinculante y producto de un mecanismo de extensión que ya estaba contemplado en el contrato suplementario.

El planteamiento de la empresa es que la extensión no creó un contrato nuevo ni constituyó una nueva alianza público-privada, sino que activó una cláusula que ya formaba parte del acuerdo original.

Ahora, de acuerdo a la solicitud judicial, la Asociación de Industriales insiste en que la carta de extensión «constituye un contrato u obligación válida y conforme a derecho, en tanto la misma no es una transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica que requiriese el voto afirmativo de los miembros del interés público de la Junta de la Autoridad para las Alianzas Público -Privadas», reza el documento.

El documento legal también añade que todo contrato de alianza debe tener, como cuestión de derecho, una cláusula mandatoria que provea esa extensión. La Asociación de Industriales (AIPR) representa el sector manufacturero que aporta aproximadamente 45% del Producto Bruto de Puerto Rico. «Nuestros miembros (empresas de los sectores farmacéuticos, biotecnológicos, dispositivos médicos, sector aeroespacial, alimentos y tecnología) dependen de manera crítica del suministro eléctrico confiable para sus operaciones de producción y manufactura».

Para LUMA la extensión únicamente modificó la fecha de terminación del periodo interino y mantuvo las condiciones previamente acordadas entre las partes. Uno de los argumentos centrales del alegato es que las entidades gubernamentales que ahora cuestionan la validez de la extensión participaron en su aprobación y posteriormente actuaron durante años como si el documento fuera válido.

LUMA señaló además que “más de tres años después de que la P3A y la AEE aprobaran debidamente la Extensión, y después de que por años tanto la P3A y la AEE como el resto del Gobierno hayan actuado de acuerdo con la validez de esa extensión”, las peticionarias adoptaron una interpretación distinta para sostener que el acuerdo era nulo.

En la segunda parte de la petición legal llamada: «Lo que está en juego: el mensaje a la comunidad inversionista» la Asociación solicitó que se pondere cuidadosamente el mensaje que se le lleva a los empresarios, partiendo de la premisa de que «Puerto Rico es una jurisdicción donde los contratos se respetan y las reglas institucionales son estables y predecibles».

Defienden además las inversiones de capital, la adquisición de equipos y la contratación de personal especializado por LUMA.

El gremio solicitó al Tribunal que:

-Declare la validez de la Carta -Extensión del 30 de noviembre de 2022

-Reafirme la importancia de la seguridad jurídica y el respeto a los compromisos contractuales como principios fundamentales del ordenamiento jurídico de Puerto Rico y como factores determinantes para la atracción de inversión privada.

-Emita cualquier otro remedio que se estime procedente en derecho y equidad.