Hija de banquero indultado junto a Wanda Vázquez pagó $835 mil para salón de baile de Trump

La hija del banquero Julio Herrera Velutini, indultado por el presidente Donald Trump junto a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, no solamente se comprometió a aportar $2.5 millones para la construcción del salón de baile de la Casa Blanca, sino que desembolsó una primera cuota de $835,000 apenas tres meses antes de que su padre recibiera el perdón presidencial.

La revelación forma parte de una investigación publicada este jueves, 15 de octubre, por The Washington Post, que obtuvo documentos internos sobre los donantes de un proyecto presidencial que ha recaudado $333 millones y cuyo financiamiento había permanecido parcialmente fuera del escrutinio público.

Según el periódico estadounidense, Isabela Herrera formalizó el compromiso de $2.5 millones el 23 de septiembre de 2025, apenas semanas después de que el Departamento de Justicia federal redujera los cargos criminales contra su padre, originalmente acusado de participar en un esquema de soborno relacionado con la campaña de Vázquez Garced.

El rotativo confirmó que el primer pago de $835,000 se efectuó el 14 de octubre de 2025 y que una segunda cuota tenía vencimiento este mes.

La aportación se suma a otros $3.5 millones que Isabela Herrera había donado al comité político MAGA Inc., vinculado a Trump, para un total de $6 millones entre contribuciones realizadas y compromisos financieros.

La investigación identifica el caso bajo el apartado titulado «Indulto a banquero internacional» y documenta una secuencia de aportaciones que coincidieron con decisiones judiciales favorables al banquero y, posteriormente, con el perdón presidencial.

En agosto de 2025, Herrera Velutini logró que los cargos graves de soborno que enfrentaba fueran sustituidos por una infracción electoral menos grave como parte de un acuerdo con la fiscalía federal. La exgobernadora Wanda Vázquez y el exagente del FBI Mark Rossini también alcanzaron acuerdos de culpabilidad por infracciones electorales.

El caso se originó en agosto de 2022, cuando un gran jurado federal acusó a los tres de participar en un esquema mediante el cual el banquero habría ofrecido apoyo económico a la campaña primarista de Vázquez Garced en 2020 a cambio de la destitución de George Joyner, entonces comisionado de Instituciones Financieras, cuya oficina investigaba las operaciones de Bancrédito International Bank & Trust Corporation.

La propia exgobernadora reconoció posteriormente, mediante una estipulación de hechos presentada ante el Tribunal Federal, que Herrera Velutini había prometido aportar dinero y otros recursos para respaldar su candidatura.

El documento judicial estableció que el valor de la contribución prometida superaba los $15,000, pero no excedía los $25,000. También precisó que Vázquez Garced no aceptó el ofrecimiento para enriquecimiento personal, sino en beneficio de su comité político.

Sin embargo, el desenlace del proceso cambió significativamente cuando el Departamento de Justicia federal permitió que los acusados se declararan culpables de delitos menos graves, dejando atrás las imputaciones originales de corrupción pública.

La secuencia financiera identificada por The Washington Post añade ahora un nuevo elemento a esa controversia.

Tras la victoria electoral de Trump, Isabela Herrera realizó dos aportaciones que totalizaron $3.5 millones a MAGA Inc. Esas contribuciones provocaron que la organización Campaign Legal Center presentara una querella ante la Comisión Federal de Elecciones.

La entidad alegó que la joven pudo haber actuado como «donante interpuesta», una figura utilizada para describir a quien realiza aportaciones políticas en nombre de otra persona, ocultando la verdadera procedencia de los fondos.

Según la investigación, Campaign Legal Center describió a Herrera como una consultora financiera independiente, de poco más de 20 años, cuya única contribución política anterior había sido de $20 a Pete Buttigieg, aspirante presidencial demócrata en 2020.

La organización informó que no había recibido respuesta a su querella. Por su parte, la Comisión Federal de Elecciones declinó comentar sobre el asunto.

La alegación no constituye una determinación de que las aportaciones provinieran del banquero ni de que se hubiese cometido una infracción electoral.

La investigación también recoge que, tras el indulto concedido en enero de 2026, un abogado de Herrera Velutini emitió una declaración en la que manifestó que su cliente estaba «profundamente agradecido al presidente Donald J. Trump» por haberle concedido su perdón.

La expresión corresponde a una traducción fiel de parte de la declaración reproducida por The Washington Post.

El indulto presidencial también benefició a Wanda Vázquez Garced y a Mark Rossini, los otros dos acusados del proceso federal.

La Casa Blanca defendió los perdones bajo el argumento de que los procesos criminales habían tenido motivaciones políticas, según consignó el periódico estadounidense.

Ni Herrera Velutini ni su hija respondieron a las solicitudes de comentarios formuladas por los periodistas responsables de la investigación.

La información sobre las aportaciones de Isabela Herrera surge de documentos internos obtenidos por The Washington Post, que identifican 67 contribuciones superiores a $10,000 destinadas al salón de baile presidencial.

Los registros reflejan que al menos $77 millones provinieron de donantes que solicitaron permanecer en el anonimato.

En respuesta a los cuestionamientos del periódico, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, defendió a los contribuyentes como «una amplia variedad de grandes empresas estadounidenses y personas generosas» que buscan mejorar la residencia presidencial para las próximas generaciones.

También rechazó los señalamientos sobre posibles conflictos de intereses, al sostener que los críticos igualmente cuestionarían que los contribuyentes pagaran por las renovaciones.

La investigación identifica a grandes corporaciones, empresarios y donantes políticos con intereses ante el gobierno federal, algunos de los cuales recibieron decisiones regulatorias favorables, contratos gubernamentales o indultos.