“Sentí que los entregué”: García Padilla lamenta que ley firmada bajo su mandato permitiera entregar datos al ICE

El exgobernador Alejandro García Padilla expresó su arrepentimiento después de que una ley firmada durante su mandato permitiera al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) obtener datos sobre inmigrantes indocumentados residentes en la isla para propósitos de deportación.

“Voy a confesar que ese día lloré. Yo sentí que los entregué”, manifestó García Padilla con la voz entrecortada durante una entrevista en el programa radial Primer Round, de Magic 97.3.

El exmandatario lamentó que la aplicación de la medida tuviera como consecuencia la identificación de personas cuyo estatus migratorio no estaba definido o que se encontraban en proceso de regularizar su residencia. Según explicó, esa no era la finalidad de la ley.

García Padilla señaló que el objetivo principal de la medida era proporcionar seguridad a los conductores en caso de accidente. En ese sentido, explicó que, si un vehículo con marbete vigente era conducido por una persona con licencia y sufría un accidente, el seguro del automóvil cubriría los daños correspondientes.

“Hoy yo siento que los dominicanos y, en general, los haitianos y la gente indocumentada que vive en Puerto Rico son más hermanos míos que los puertorriqueños que entregaron esa lista. Esos no son mis hermanos”, recalcó.

Las declaraciones del exgobernador se produjeron después de que el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, confirmara que la agencia entregó a la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU, por sus siglas en inglés) la solicitud de información realizada por el ICE a principios de 2025 sobre las licencias de conducir y los vehículos de inmigrantes indocumentados.

González Montalvo también entregó los documentos remitidos a la agencia federal en respuesta a la solicitud, de acuerdo con una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia y confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo.

“Como agencia del Gobierno de Puerto Rico, el DTOP cumple cabalmente con las determinaciones de los tribunales y reafirma su compromiso con el manejo responsable de toda la información bajo su custodia”, afirmó el secretario en declaraciones escritas.

De otra para, la ACLU de Puerto Rico presentó el caso contra el DTOP el 1 de octubre de 2025, después de que la agencia se negara a compartir la documentación alegando motivos de confidencialidad. Los tribunales determinaron que tanto la solicitud de información como los documentos entregados al ICE eran públicos.

El director legal de la ACLU de Puerto Rico, Fermín Arraiza Navas, sostuvo que la entrega de los datos puso en riesgo la seguridad de miles de inmigrantes que confiaron en el Gobierno de Puerto Rico cuando, en 2013, se estableció mediante ley un proceso para que pudieran obtener una licencia de conducir.

Según Arraiza Navas, a esas personas se les garantizó que la información relacionada con su estatus migratorio no se utilizaría para fines de inmigración. Sin embargo, afirmó que, doce años después, la Administración de la gobernadora Jenniffer González Colón incumplió lo dispuesto en la ley estatal al entregar la información al ICE.