José Luis Dalmau reclama transparencia sobre 3,400 discrepancias en el Puerto de San Juan

A más de un año de que la administración anunciara la cancelación del contrato para el escaneo de furgones en el puerto de San Juan, el país continúa sin explicaciones claras sobre qué medidas se aplican actualmente para inspeccionar la carga que entra a la isla ni qué ocurrió con miles de irregularidades detectadas durante la operación del sistema. El senador José Luis Dalmau Santiago cuestionó la efectividad de los controles de seguridad portuaria vigentes y exigió al gobierno rendir cuentas sobre las más de 3,400 discrepancias registradas entre los manifiestos de importación y la mercancía real observada dentro de las Unidades.

El legislador señaló que la discusión sobre la seguridad en los muelles no puede centrarse únicamente en la inversión económica que representó el contrato de rayos X entre 2011 y 2024, sino en los riesgos que asume el país al carecer de tecnología de inspección.

«La discusión no puede limitarse a cuánto cuesta el sistema, sino también debemos preguntarnos cuánto podría costarnos dejar de detectar armas, drogas o mercancía de contrabando que entre por nuestros puertos. La seguridad de nuestro país y el cumplimiento de las leyes no tienen precio».

Ante la postura del Ejecutivo de que el sistema no produjo incautaciones significativas, Dalmau Santiago explicó que la presencia del escáner funcionaba como un elemento de prevención que obligaba a las redes criminales a modificar sus vías de transporte.

«Que no se hayan reportado incautaciones no demuestra por sí solo que el escaneo fuera innecesario. Bueno, a mi juicio, probablemente no se usó más la vía de los furgones para traer mercancía de narcóticos ilegales porque sabían que iba a estar revisado por una máquina. Y la ruta que utilizaban los narcotraficantes para traer droga probablemente se sustituyó por otra, no por los furgones».

El parlamentario enfatizó la falta de transparencia en torno al seguimiento dado a las miles de alertas detectadas, en las que el contenido real de los furgones no coincidía con los documentos presentados por los importadores.

«¿Qué se hicieron con esas 3,400 discrepancias? ¿Se le cobró el impuesto? ¿Eran ilegales? ¿Se le devolvió la mercancía? ¿Se le canceló la licencia al importador o exportador?»

Dalmau Santiago puntualizó que la inspección por rayos X no sustituye el trabajo investigativo de las autoridades, sino que actúa como un filtro inicial indispensable para facilitar la intervención de las agencias de ley y orden.

«El escaneo no reemplaza una investigación, ayuda a detectar riesgos para que las autoridades puedan actuar, puedan abrir el furgón, puedan ver de dónde venía la mercancía, quién la trató de entrar al país y poder hacer las debidas investigaciones y las debidas acusaciones».

Finalmente, el senador solicitó al gobierno certificar si la cancelación del servicio realmente generó un beneficio económico para el erario y si este tuvo algún impacto positivo en los consumidores, al tiempo que reiteró la necesidad de transparencia institucional.

«Por eso le estoy solicitando hoy al gobierno: 168 millones, o que costó 168 millones, el no pagar ahora por ese servicio, ¿cuánto le ha ahorrado al gobierno y si ese ahorro le llegó a los consumidores? La seguridad de nuestros puertos requiere información, recursos y resultados que el país pueda corroborar».