Junta Fiscal pide a FEMA aclarar si 22 municipios hacen bien al imponer arbitrios de construcción más altos a proyectos financiados

La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico pidió a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que determine si los arbitrios municipales de construcción cobrados a tasas superiores cuando los proyectos son financiados con fondos gubernamentales pueden considerarse gastos elegibles bajo las normas federales.

En una carta enviada el 1 de octubre al administrador de FEMA, Cameron Hamilton, el director ejecutivo de la Junta, Robert F. Mujica Jr., solicitó orientación sobre los arbitrios relacionados con proyectos de reconstrucción e infraestructura crítica financiados con fondos federales en Puerto Rico.

La Junta informó que 22 de los 78 municipios de Puerto Rico imponen tasas de arbitrios de construcción más altas a proyectos financiados por el gobierno que a proyectos financiados de manera privada. Según la carta, 20 de esos municipios adoptaron tasas diferenciadas después del huracán María, mientras que 11 establecieron las tasas superiores entre 2022 y 2025.

La carta señala que la práctica ha creado una diferencia entre las tasas aplicadas a proyectos privados y aquellas que reciben fondos gubernamentales, incluidos fondos del gobierno de Estados Unidos.

“Actualmente, 22 de los 78 municipios de Puerto Rico imponen tasas de arbitrios de construcción más altas a proyectos de infraestructura financiados por el gobierno que a proyectos financiados de manera privada”, plantea la Junta en su comunicación a FEMA.

Entre los municipios identificados se encuentran Adjuntas, Añasco, Cabo Rojo, Camuy, Ciales, Cidra, Guánica, Guaynabo, Lajas, Lares, Maunabo, Orocovis, Peñuelas, Ponce, San Germán, San Sebastián, Toa Alta, Trujillo Alto, Utuado, Vega Baja, Vieques y Yauco.

La Junta sostuvo que en 15 de esos municipios la tasa aplicable a proyectos financiados por el gobierno llega al 10%.

“En 15 de los 22 municipios se aplica un impuesto del 10% a los proyectos financiados por el gobierno, en la mayoría de los casos el doble y, en algunos casos, más del doble de la tasa impuesta a proyectos comparables del sector privado”, expone la carta.

El organismo reconoció que los municipios cuentan con autoridad para recaudar impuestos locales y arbitrios de construcción. Sin embargo, planteó que existe una diferencia entre cobrar un arbitrio de construcción y establecer una tasa distinta dependiendo de la fuente de financiamiento del proyecto.

La Junta señaló que, tras examinar otras jurisdicciones de Estados Unidos, encontró que algunas cobran impuestos a proyectos de construcción financiados por el gobierno, mientras otras los eximen.

“No conocemos ninguna jurisdicción que imponga una tasa tributaria diferente a los proyectos de construcción basándose en si la fuente de financiamiento es privada o gubernamental”, sostuvo la Junta.

El cuestionamiento de la Junta se centra en las consecuencias que estos arbitrios podrían tener sobre proyectos de reconstrucción y sobre el manejo de fondos federales destinados a Puerto Rico.

La carta cita las normas federales de costos y señala que los impuestos que una entidad gubernamental está legalmente obligada a pagar pueden ser considerados gastos permitidos, pero que existen excepciones para cambios en políticas contributivas que afecten de manera desproporcionada programas federales.

“Aumentar una tasa adoptada después de 2017 que se aplique únicamente a proyectos financiados por el gobierno plantea la pregunta de si constituye un cambio en la política tributaria que afecta desproporcionadamente a los programas federales”, plantea el documento.

La Junta también citó las normas de la Oficina de Gerencia y Presupuesto federal, que establecen que un costo debe ser razonable y no exceder lo que una persona prudente habría incurrido bajo las circunstancias existentes al momento de tomar la decisión.

A partir de esa disposición, el organismo cuestionó si el aumento de un arbitrio exclusivamente porque un proyecto es financiado por el gobierno federal satisface ese estándar.

“Un impuesto aplicado a un proyecto porque está financiado por el gobierno de Estados Unidos y establecido por encima de la tasa que el mismo municipio aplica a una construcción privada comparable plantea la cuestión de si el monto incremental cumple con ese estándar”, indicó la Junta.

La Junta también hizo referencia a un informe de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes federal relacionado con el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional para el año fiscal 2027.

Según la carta, el informe contempla que FEMA tenga que informar al Congreso si los impuestos o cargos municipales de construcción están retrasando el desembolso de fondos federales, incluyendo aquellos que hayan sido aplicados retroactivamente.

El organismo añadió que recientemente recibió preguntas sobre los arbitrios municipales del comisionado residente Pablo José Hernández y del congresista Paul A. Gosar, presidente del Subcomité de Supervisión e Investigaciones de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes.

Ante este escenario, la Junta sostuvo que los municipios están operando en un área que todavía no ha sido evaluada bajo los principios federales de costos.

“Los municipios de Puerto Rico aparentemente están operando en un espacio de política pública que no ha sido evaluado bajo los principios federales de costos”, expresa la carta.

La Junta reconoció que la determinación sobre si estos arbitrios pueden ser considerados gastos permitidos dentro de una asignación federal corresponde a FEMA.

Por ello, solicitó a la agencia que determine si los arbitrios cobrados a proyectos financiados por FEMA a una tasa superior a la tasa general del municipio son gastos permitidos y, de no serlo, cómo debe tratarse la cantidad adicional.

También pidió a FEMA que aclare si ha emitido o tiene previsto emitir instrucciones a COR3, la Autoridad de Energía Eléctrica y otros recipientes y subrecipientes de fondos federales en Puerto Rico sobre el tratamiento de estos arbitrios.

Además, solicitó orientación sobre el tratamiento de arbitrios de construcción, penalidades e intereses que hayan sido impuestos retroactivamente sobre trabajos realizados en años anteriores.

El documento incluye un desglose de las tasas identificadas por municipio. En Cidra, por ejemplo, la Junta identificó una tasa general de 3.5% y una tasa de 10% para contratistas gubernamentales. En Ponce, la tasa general aparece en 5% y la de contratistas gubernamentales en 9%. En Vega Baja, ambas tasas aparecen en 5% y 10%, respectivamente.

La Junta aclaró que las tasas incluidas en su tabla son producto de una revisión preliminar de las ordenanzas municipales y sus enmiendas, por lo que el documento advierte que los datos no deben interpretarse como tasas marginales y que, en los municipios con estructuras escalonadas, se utilizó la tasa máxima.

Ahora corresponde a FEMA evaluar las preguntas planteadas por la Junta y determinar cómo deben tratarse estos arbitrios en proyectos financiados con fondos federales.