La Fortaleza y el Poder Judicial repudian la especulación y reafirman el rigor de la ley

La controversia en torno a un supuesto intento de intervención política en el poder judicial escaló este miércoles cuando La Fortaleza rechazó categóricamente las alegaciones de que la gobernadora Jenniffer González Colón se haya comunicado con integrantes de la Rama Judicial para influir en un caso pendiente relacionado con el operador eléctrico LUMA Energy, desatando una sólida defensa de la independencia institucional por parte de la cúpula judicial del país.

El fuego cruzado en el debate público surgió a raíz de versiones difundidas desde una fuente no identificada, lo que motivó reacciones inmediatas y contundentes desde la mansión ejecutiva, el Tribunal Supremo de Puerto Rico y la Federación de la Magistratura (FMPR).

En un pronunciamiento oficial emitido desde San Juan, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, confrontó frontalmente las especulaciones y calificó los señalamientos como un intento infundado por minar la credibilidad de la administración gubernamental.

“La gobernadora no se ha comunicado con ningún juez o jueza para ejercer presión o influir en ninguna decisión judicial, ya no saben ni qué inventar. Esos señalamientos son falsos y difamatorios”, sentenció categóricamente Peña Payano.

El funcionario remarcó que las acusaciones carecen por completo de sustento y buscan empañar el proceso que actualmente cursa ante los tribunales.

Por su parte, la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, emitió expresiones autorizadas recordando que la integridad del sistema judicial no está sujeta a los vaivenes de la política partidista ni a las presiones externas, sin importar la jerarquía de quien intente ejercerlas.

“Expreso con absoluta claridad que ninguna persona, sin importar el cargo que ocupe o el poder que ejerza, puede intervenir en una determinación judicial”, apuntó Oronoz Rodríguez al inicio de su alocución.

La magistrada profundizó en la naturaleza democrática de esta salvaguarda institucional: “La independencia judicial es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático. Supone que los jueces y las juezas resuelvan las controversias ante su consideración con imparcialidad, conforme al Derecho y a los argumentos presentados ante el Tribunal, libres de presiones, intereses políticos o influencias externas, independientemente de su procedencia”.

Oronoz Rodríguez hizo hincapié en que este principio no constituye un privilegio corporativo, sino el escudo protector de los derechos civiles de la población: “La independencia judicial no es solamente una garantía institucional; es también una garantía fundamental de la ciudadanía, que tiene derecho a que sus controversias sean resueltas conforme al Derecho y no mediante criterios arbitrarios o influencias ajenas a la función judicial. Es, además, una responsabilidad individual e irrenunciable de cada persona que viste la toga”.

Cerrando filas en torno al cuerpo togado, la jueza presidenta expresó su respaldo absoluto a los operadores de justicia: “Confío en que los jueces y las juezas que integran nuestro Tribunal Supremo cumplen y continuarán cumpliendo fielmente con ese deber, resolviendo las controversias ante su consideración con la imparcialidad, independencia e integridad que exige su función. La toga no responde a presiones ni a intereses particulares. Responde únicamente a la Constitución, a las leyes y a la obligación de impartir justicia con absoluta independencia. Esa es la responsabilidad que asumimos, la que juramos y la que nuestro pueblo tiene derecho a exigirnos”.

En la misma línea de prudencia institucional, la Federación de la Magistratura de Puerto Rico (FMPR) intervino en el debate público para delimitar el terreno entre la crítica responsable y la difamación sin pruebas, advirtiendo sobre el daño colateral que sufre el país cuando se siembran dudas infundadas sobre la judicatura.

A través de un comunicado oficial, la FMPR aclaró de entrada los límites de su participación: “No opinará sobre los méritos del caso ni sobre el contrato que el Tribunal tiene ante su consideración. Tampoco da por ciertas unas alegaciones que, según se ha informado, provienen de una fuente no identificada y que nadie ha corroborado”.

No obstante, el organismo subrayó que el principio rector de la judicatura permanece inalterable ante cualquier escenario coyuntural: “Lo que sí corresponde decir es más elemental. Un juez decide conforme a la ley y a la prueba que tiene ante sí. Esa regla no cambia por la magnitud del caso ni por quiénes sean las partes. La independencia judicial protege a quien acude al tribunal, porque le asegura que su causa se resolverá sin consideraciones ajenas al derecho”.

Ante la proliferación de versiones sin corroborar, la FMPR exigió que el debate transcurra por los carriles institucionales adecuados. “De existir información concreta sobre algún intento de influir en un juez, debe entregarse a las autoridades competentes para que la evalúen con rigor y por los cauces que establece la ley. Una alegación de esta naturaleza no se aclara con declaraciones en los medios ni con especulación. Tampoco se aclara con el silencio”, advirtió la organización.

El gremio judicial alertó asimismo sobre la erosión de la confianza pública: “Una duda sembrada sobre la integridad de un tribunal se propaga rápido y se disipa despacio, y el daño recae sobre la confianza del país en su sistema de justicia, sin importar cómo se esclarezcan luego los hechos. Quien habla de estos asuntos en el espacio público tiene la responsabilidad de distinguir entre lo que se sabe y lo que se alega”.

Al valorar positivamente que se haya descartado públicamente cualquier imputación de conducta indebida directa contra los togados, el presidente de la FMPR y juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, el Hon. Carlos G. Salgado Schwarz, sintetizó el sentir del gremio:

“Cuando alguien intenta influir en un juez de forma indebida y ex parte, quien sale perjudicado es la persona que espera justicia. Por eso pedimos que lo que se alega se examine con seriedad y que lo que no está probado se trate como lo que es”.

Finalmente, la FMPR reiteró su confianza en el apego estricto a los Cánones de Ética Judicial por parte de los jueces y juezas del país en todos los niveles, exhortando a las partes involucradas y a las fuerzas políticas a respetar el cauce procesal y permitir que la controversia sobre el caso de LUMA Energy se resuelva exclusivamente en el foro judicial correspondiente.